En una extensa sesión, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles media sanción al proyecto de «Ley Hojarasca», una iniciativa clave promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El texto legislativo obtuvo 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, logrando el respaldo necesario para ser girado a la Cámara de Senadores para su tratamiento definitivo.
El propósito central de la normativa es realizar una «limpieza» profunda del entramado legal argentino a través de la derogación total de unas 60 leyes nacionales y la modificación de varios artículos de otras normas vigentes, muchas de las cuales fueron sancionadas durante gobiernos de facto o datan del siglo XIX y mediados del siglo XX. Según los fundamentos del oficialismo, estas regulaciones representan un «exceso inútil» que genera burocracia, costos innecesarias para el Estado y trabas a la actividad privada.
Los criterios utilizados para la selección de las leyes a eliminar se dividen en cinco grandes grupos: aquellas que fueron plenamente superadas por legislaciones posteriores; las que quedaron obsoletas por los avances tecnológicos; normativas vinculadas a organismos públicos que ya fueron disueltos; regulaciones que imponen trámites sin sentido actual; y leyes que, a criterio del Ejecutivo, limitan las libertades individuales o el derecho de propiedad.
Entre los ejemplos más singulares de las normas que perderían vigencia si el Senado sanciona la ley, se encuentran una normativa de 1864 que inhabilita a autoridades que apliquen azotes, la obligatoriedad del «carnet de mochilero» para viajar a dedo, los premios en metálico para quienes descubran minas de carbón, y el control estatal sobre el uso de mapas de la Argentina en las etiquetas de vinos.
Durante el debate en comisiones y previo a la votación en el recinto, el proyecto original sufrió modificaciones tras negociaciones con la oposición dialoguista. Como resultado de estos cambios, se retiraron del listado de derogaciones la ley que garantiza el libre estacionamiento para legisladores nacionales y las herramientas de fomento crediticio para el sector cooperativo, las cuales permanecerán vigentes.
Desde la oposición dura cuestionaron el sentido de la reforma, al considerar que la iniciativa funciona como una «cortina de humo» y advirtieron que detrás de ciertas derogaciones se busca avanzar en la quita de barreras de protección para el desarrollo industrial y la producción nacional.
Más historias
Destacada disertación de Juan Corvalán en la 5° edición de Smart City en Santiago del Estero
Jaldo y Sáenz le dieron el quórum a Milei para cortar los subsidios al gas en zonas frías
El “Gordo Dan” rechazó la versión de Milei y profundizó la disputa por Menem