​Escándalo en la AFA: Piden la detención de «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino

​En un giro judicial que sacude los cimientos del fútbol argentino, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó formalmente la detención de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. El pedido se enmarca en una causa iniciada en diciembre pasado, donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y defraudación sistemática.

​La trama de las sociedades «fachada»

​Según el dictamen fiscal, la investigación identificó una compleja estructura societaria utilizada para desviar fondos de la AFA hacia cuentas y bienes personales. La acusación sostiene que se utilizaron empresas vinculadas a Toviggino como «pantalla» para ejecutar negocios ilícitos. Una vez que estas firmas recibían transferencias de la entidad madre del fútbol, emitían facturas inter-bloque para dificultar el rastreo del dinero.

​En el centro de la escena aparecen 35 propiedades en Santiago del Estero (estancias, casas y lotes) registradas a nombre de sociedades vinculadas a los directivos. Además, se investigan inversiones financieras en dólares MEP, plazos fijos por montos millonarios y la supuesta intervención de una empresa contratada por la AFA para recaudar fondos en el exterior que habrían terminado en sociedades sin actividad comercial en Estados Unidos.

​Alcance de la medida

​El pedido del fiscal Simón no se limita a los dos máximos referentes; alcanza a un total de 24 personas, incluyendo familiares y allegados que habrían actuado como prestanombres. Entre los investigados figuran los dueños de una quinta en Pilar y el monotributista Luciano Pantano.

​El fiscal argumentó el pedido de detención bajo el concepto de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, dada la magnitud de la estructura económica bajo sospecha. Asimismo, solicitó la inhibición general de bienes y el secreto de sumario sobre el expediente.

​Escenario judicial

​Esta causa se suma a los procesamientos previos por evasión fiscal que ya pesaban sobre Tapia y Toviggino desde marzo. Mientras la Cámara de Casación debe resolver la competencia territorial definitiva del caso —que podría derivar en los tribunales de Comodoro Py o el fuero Penal Económico—, la decisión inmediata sobre las detenciones y allanamientos quedará en manos del juez a cargo.

​Los delitos imputados (asociación ilícita agravada y lavado de activos) prevén penas mínimas de 8 años de prisión, lo que en caso de condena resultaría en una pena de cumplimiento efectivo.