La Justicia federal puso bajo la lupa una licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, destinada al mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
El fiscal federal Ramiro González solicitó este lunes al Gobierno nacional que entregue toda la documentación vinculada al proceso licitatorio antes de decidir si corresponde avanzar con una investigación penal.
La contratación cuestionada contempla tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego en ambos predios oficiales y tendría un presupuesto cercano a los 700 millones de pesos.
La causa se originó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló posibles delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la participación de las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, ya que ambas integrarían un mismo grupo económico según antecedentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Para los denunciantes, esto podría haber generado una “apariencia ficticia de competencia” dentro de la licitación.
Por el momento, la fiscalía aclaró que la solicitud de información busca conocer el estado actual del procedimiento administrativo antes de definir si se abre formalmente una causa judicial.
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