La Libertad Avanza presentó el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados de Santiago del Estero

En diálogo con Exclusiva.com.ar, el presidente de la bancada, Marcelo Figueroa, precisó los argumentos fundamentales que sostienen la propuesta: «El objetivo es claro: impedir que accedan a candidaturas provinciales o municipales, o a cargos partidarios de distrito, aquellas personas que registren condenas penales confirmadas por un tribunal revisor por delitos especialmente graves y directamente incompatibles con el ejercicio de funciones públicas o con los valores que deben regir la vida democrática».

De acuerdo al primer punto del articulado, la normativa tiene como objeto central garantizar la integridad, la transparencia y la idoneidad en el acceso a la función pública, bloqueando la postulación o designación de cualquier ciudadano afectado por las condenas comprendidas en el texto.

Alcance y delitos comprendidos

El artículo 2 de la norma determina de manera taxativa que las disposiciones alcanzará a las precandidaturas y candidaturas para los cargos de gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, convencionales constituyentes, intendentes, concejales, comisionados municipales y demás cargos públicos electivos, sumando también a las autoridades partidarias con actuación en el distrito de Santiago del Estero.

Por su parte, el artículo 3 aclara que la restricción operará para las personas condenadas por sentencia penal confirmada por un tribunal revisor, «aunque la sentencia no se encontrare firme respecto de recursos extraordinarios». El impedimento legal recaerá sobre aquellos procesados por delitos de corrupción y todos aquellos que afecten la honorabilidad de la persona que deba ejercer un cargo público o que atenten contra la ética. Dicha inhabilitación se extenderá desde el momento de la confirmación del fallo por el tribunal de alzada hasta su eventual revocación posterior o el cumplimiento efectivo de la pena.

Controles y exigencia de test antidroga

Uno de los puntos más novedosos y rigurosos del proyecto se encuentra plasmado en el artículo 4. Allí se establece que los partidos políticos, frentes y alianzas electorales estarán obligados a exigir a los postulantes, al momento de presentar las listas, el Certificado de Antecedentes Penales vigente y una declaración jurada de no estar alcanzados por las inhabilidades de la ley.

A este requisito se le sumará de forma obligatoria la presentación de estudios médicos firmados por profesionales —quienes asumirán la responsabilidad del contenido con carácter de declaración jurada— que certifiquen que los candidatos no son consumidores de estupefacientes y/o psicotrópicos prohibidos por ley.

El proyecto contempla que, si la autoridad lo considera necesario a pedido de parte interesada, se podrá realizar un nuevo examen médico salvaguardando el pudor e intimidad de la persona evaluada. En caso de que el examen toxicológico arroje un resultado positivo para la existencia de estupefacientes, el aspirante «quedará inhabilitado para ser candidato a las elecciones provinciales de ese período, sin perjuicio de la responsabilidad penal que acarree su conducta», recayendo la responsabilidad de este examen sobre el Tribunal Electoral provincial.

Finalmente, la propuesta legislativa estipula en su artículo 5 que será el Tribunal Electoral Provincial el encargado de verificar el estricto cumplimiento de estas obligaciones al momento de la oficialización de las listas de candidatos. Asimismo, en el punto 10, el proyecto invita formalmente a los municipios que cuentan con Carta Orgánica a adherir a la norma y a adecuar sus respectivos regímenes electorales y orgánicos a estas nuevas disposiciones.