[Audio] Cuestionan el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada: «Le pone límites al propio Estado»

El abogado del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Juan Guiscafré, expresó fuertes críticas al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada promovido por el Gobierno nacional, al considerar que limita herramientas fundamentales del Estado y favorece intereses particulares por sobre el interés público.

Durante una entrevista en «Nada que ver», el letrado explicó que el tratamiento de la iniciativa fue postergado hasta el 6 de agosto debido a que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. Además, señaló que el texto original ya sufrió modificaciones durante el debate en comisiones.

Uno de los principales cuestionamientos de Guiscafré apunta a que el proyecto restringe el alcance del concepto de utilidad pública, figura jurídica que habilita al Estado a expropiar inmuebles cuando existe un interés general, como la construcción de rutas, hospitales o escuelas.

«Es llamativo que el propio Estado decida ponerse límites respecto de una herramienta que históricamente tuvo para garantizar el interés público», sostuvo el abogado.

Asimismo, explicó que la iniciativa incorpora el reconocimiento del lucro cesante a favor del propietario expropiado, lo que, según indicó, implicaría mayores costos para el Estado además de la correspondiente indemnización por el valor del inmueble.

En otro tramo de la entrevista, Guiscafré señaló que uno de los artículos más cuestionados era el que modificaba la Ley 27.453 de Barrios Populares, ya que habilitaba desalojos de manera más rápida. Sin embargo, afirmó que esa propuesta fue eliminada durante el tratamiento legislativo ante la falta de consenso, incluso entre sectores aliados del Gobierno.

También se refirió a los cambios propuestos en la legislación sobre manejo del fuego. Explicó que el proyecto original pretendía eliminar la prohibición vigente que impide modificar el destino de tierras incendiadas durante 60 años, una medida creada para evitar incendios intencionales con fines inmobiliarios o productivos.

Según precisó, ese punto también encontró resistencia en el Senado y no prosperó en los términos planteados inicialmente.

Finalmente, Guiscafré remarcó que el rol de las provincias será determinante en el tratamiento del proyecto, ya que el Senado representa los intereses de cada distrito. En ese sentido, advirtió sobre los cambios de postura de algunos legisladores en función de las negociaciones políticas y consideró que el debate excede la defensa de la propiedad privada, ya que involucra herramientas esenciales para la gestión del Estado y la protección del interés colectivo.