[Audio] Guillermo Ruiz Albelda: “Santiago del Estero se adelantó al nuevo régimen penal juvenil”

Ruiz Albelda sostuvo que la resolución judicial no tiene alcance nacional y consideró que busca otorgarle al Estado el tiempo necesario para acondicionar los espacios, equipos interdisciplinarios y mecanismos específicos para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, especialmente a partir de la reducción de la edad de imputabilidad.

En ese sentido, destacó que Santiago del Estero se encuentra en una situación diferente, debido a que cuenta desde hace aproximadamente dos años y medio con un régimen procesal penal juvenil propio. El sistema contempla un fuero especializado, defensores y fiscales de menores y espacios específicos de alojamiento y tratamiento, como El Nexo, orientado a la reeducación y reinserción de los jóvenes.

“En Santiago del Estero ya hemos cumplido con la mayoría de los requisitos que hacen al espíritu de la ley”, explicó el especialista, aunque advirtió que será necesario continuar fortaleciendo el sistema ante el posible incremento de adolescentes que ingresen al régimen penal.

El abogado también cuestionó la disponibilidad de recursos destinados desde Nación para adecuar los sistemas provinciales. Señaló que se anunciaron 27 mil millones de pesos para todo el país, de los cuales unos 3 mil millones corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, fondos que deberán distribuirse entre las provincias para infraestructura, personal especializado y otras necesidades.

Respecto de la sobrepoblación, la reincidencia y el principio de especialidad, Ruiz Albelda remarcó que el objetivo del derecho penal juvenil no debe centrarse en el encarcelamiento, sino en la aplicación de medidas alternativas y socioeducativas.

“En Santiago el espíritu del sistema es el no encarcelamiento”, sostuvo, al señalar que la privación de libertad debe quedar reservada para situaciones excepcionales y dentro de establecimientos adecuados para adolescentes.

Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue la posible existencia de conflictos constitucionales entre la legislación nacional y los regímenes procesales de las provincias. Ruiz Albelda recordó que las provincias conservaron constitucionalmente la facultad de legislar sobre sus propios procedimientos, por lo que consideró probable que algunas jurisdicciones deban analizar y adecuar sus normas ante la entrada en vigencia del nuevo régimen.

Finalmente, el abogado penalista destacó que la cantidad de adolescentes involucrados en delitos representa una proporción relativamente baja dentro del total de la criminalidad del país, aunque remarcó que se trata de un grupo que requiere un tratamiento especializado y diferenciado.

En ese marco, consideró que situaciones como la ocurrida en Buenos Aires podrían repetirse en otras provincias, aunque dependerá de las condiciones particulares de cada jurisdicción y del grado de preparación que tengan sus sistemas de justicia juvenil.

Durante la entrevista también se refirió al Primer Congreso de Derecho Penal, que se realizará en Santiago del Estero los días 10 y 11 de septiembre, un encuentro que reunirá a destacados especialistas y que pondrá nuevamente en agenda distintos debates vinculados al derecho penal y al funcionamiento de la Justicia.