En primer término, Mukdise se refirió al proyecto relacionado con Malvinas y sostuvo que, si bien todavía no realizó un análisis integral de la iniciativa, existen aspectos que excederían la cuestión de la soberanía.
“Hay cosas que no tienen que ver con Malvinas”, señaló el legislador, quien indicó que, según lo que pudo conocer a través de información periodística, el proyecto incluiría disposiciones vinculadas con las expresiones públicas y eventuales sanciones.
En ese sentido, cuestionó que bajo el argumento de la defensa de la soberanía puedan incorporarse medidas que, a su entender, terminen afectando la libertad de expresión. “Tiene que ver con la defensa del gobierno”, afirmó, y planteó que algunas disposiciones podrían ser utilizadas para “amedrentar o intimidar a opositores y periodistas”.
Mukdise aclaró que todavía no estudió en profundidad el proyecto y que el tema no corresponde a la comisión en la que participa, por lo que evitó formular una evaluación definitiva sobre el texto.
Críticas por el cambio de postura sobre discapacidad
El diputado también se refirió al tratamiento legislativo de la emergencia en discapacidad y cuestionó el cambio de postura del oficialismo.
“Lo que ha pasado ayer en la comisión de Presupuesto y Discapacidad tiene que ver con esa misma lógica”, sostuvo, al considerar que el Gobierno primero vetó la emergencia, luego el Congreso insistió con la norma y posteriormente el Ejecutivo presentó un presupuesto que, según su interpretación, profundizaría las dificultades del sector.
Mukdise cuestionó especialmente que ahora se plantee modificar la denominación o el alcance de la emergencia. “Si sacan la palabra emergencia de un proyecto, ¿ya habrán regularizado la deuda que tienen con los prestadores?”, preguntó.
Según explicó, existen prestadores que acumulan más de 120 días de deuda y cuyos ingresos perdieron valor frente a la inflación. Advirtió además que algunos profesionales e instituciones dejaron de brindar servicios o directamente cerraron, situación que termina repercutiendo sobre las personas con discapacidad que necesitan atención médica y tratamientos de rehabilitación.
“Los problemas se resuelven con gestión y con vocación política, no cambiando la palabra en una normativa”, remarcó.
En esa línea, planteó una contradicción entre las leyes que podría aprobar el Congreso y el contenido del proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. “¿A quién le creemos? ¿A los diputados que tienen esa intención o al Ejecutivo que ya lo llamamos y nos dijo que tenemos como norte el equilibrio fiscal y todo lo que se oponga a eso lo vamos a pasar por encima?”, cuestionó.
Endeudamiento familiar y regulación de las fintech
Mukdise también abordó el problema del endeudamiento de las familias y sostuvo que el Estado debería asumir un rol regulador frente al crecimiento de las billeteras virtuales y otras empresas financieras tecnológicas.
“Ellos insisten en que los problemas no pasan por el Estado”, señaló el legislador, quien rechazó la idea de responsabilizar exclusivamente a las familias por sus dificultades económicas.
En ese contexto, apuntó contra las tasas de algunas plataformas financieras y sostuvo que existe una relación de fuerzas “totalmente desequilibrada” entre los consumidores y determinadas empresas.
Para Mukdise, el problema no puede reducirse a casos individuales de personas que asumieron deudas por determinados consumos. “Son seis millones de personas. Realmente hay un problema social y hay un problema de que las familias no pueden llegar a fin de mes”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que el Estado no necesariamente debe asumir las deudas de los ciudadanos, pero sí establecer reglas para equilibrar las relaciones entre consumidores y empresas.
“Estamos diciendo que el Estado regule también porque en este equilibrio de fuerzas, en esta relación de fuerzas, está totalmente desequilibrado”, concluyó.

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