En un contexto de creciente vulneración de derechos hacia la niñez con discapacidad, la Justicia provincial dictó un fallo clave que ordena a un conocido colegio intercultural asegurar la escolaridad de Felipe, un niño con trastorno del espectro autista (TEA). El caso, que llegó a instancias judiciales tras denuncias de discriminación y maltrato pedagógico, pone nuevamente el foco sobre la responsabilidad de las instituciones educativas frente a la Ley de Educación Inclusiva.
En una entrevista otorgada a Amanecer Exclusivo, la Dra. Carolina Agüero describió el calvario que atraviesan muchas familias santiagueñas. Según la profesional, el caso de «Felipe del Amparo» —como se lo denomina para diferenciarlo de otro caso simultáneo en nivel secundario— se volvió emblemático debido a la firme decisión de su familia de no ceder ante el hostigamiento escolar.
»Llega un momento en que los padres no pueden luchar por sus derechos en todos los ámbitos a la vez: la escuela, la salud, las obras sociales. Muchas veces la solución más fácil es cambiar de colegio, pero aquí la familia decidió luchar porque el grupo de compañeros ama a Felipe y él quería quedarse allí», explicó Agüero.
Un diagnóstico del maltrato institucional
La abogada fue contundente al enumerar las prácticas que el fallo judicial busca frenar: limitación de horarios de permanencia, la prohibición de ingreso si el niño no cuenta con maestra integradora y hasta la negativa a calificar o permitir que los alumnos rindan sus materias. «La escuela considera a veces que no tiene ninguna obligación, pero el derecho a la educación inclusiva es una obligación de todas las escuelas, sean públicas o privadas», sentenció.
El rol de los adultos en la convivencia
Durante la charla, se destacó que el conflicto rara vez nace de los niños. «El problema somos los adultos», coincidieron en la entrevista, señalando que los padres de los compañeros a menudo se ponen en contra por falta de información. Agüero enfatizó la necesidad de que las escuelas propicien instancias de diálogo para «pacificar conflictos» y explicar las características de cada alumno para derribar el miedo.
El fallo no solo protege la continuidad pedagógica de Felipe, sino que sienta un precedente para decenas de familias que hoy se encuentran en «estado de agotamiento» ante las barreras burocráticas y humanas del sistema educativo provincial.
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