El aumento de la morosidad y el atraso en el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales genera preocupación entre las organizaciones de defensa de los consumidores. Javier Alexandro, titular de la Asociación de Defensa al Consumidor, sostuvo que la situación refleja el deterioro del poder adquisitivo y la dificultad de muchas familias para afrontar sus obligaciones.
Según explicó, para que una persona sea considerada formalmente morosa deben transcurrir, generalmente, entre 60 y 90 días de atraso. Sin embargo, señaló que el problema comienza mucho antes y que el número de consumidores que acumulan deudas continúa creciendo.
Alexandro vinculó este escenario con el congelamiento de los salarios y una inflación que, aunque se encuentra desacelerada, continúa impactando sobre los ingresos. “La gente necesita comer, comprar remedios, transportarse para ir a trabajar y afrontar gastos imprevistos”, explicó.
En ese contexto, remarcó que muchas familias recurren al crédito para cubrir necesidades básicas y terminan acumulando cuotas que luego no pueden afrontar. A esto se suma, según indicó, el elevado uso de tarjetas de crédito para realizar compras en supermercados y otros gastos cotidianos.
El problema de las cobranzas
Uno de los puntos centrales planteados por Alexandro fue el hostigamiento telefónico que sufren quienes registran atrasos.
El especialista explicó que las empresas de cobranza y algunos estudios jurídicos llegan a comunicarse reiteradamente con el deudor y, en determinados casos, también con familiares, compañeros de trabajo o responsables de recursos humanos.
“Eso está previsto en la ley. No se puede poner a una persona en una situación avergonzante o de acoso”, sostuvo.
Alexandro remarcó que estas conductas pueden constituir un trato indigno hacia el consumidor y que deben ser denunciadas. En el caso de las empresas de cobranza, recomendó recurrir a Defensa del Consumidor, mientras que cuando intervienen profesionales matriculados, como abogados, también se puede acudir al colegio profesional correspondiente y a sus tribunales de ética.
“No hay que firmar por desesperación”
El titular de la Asociación de Defensa al Consumidor también recomendó a quienes atraviesan una situación de endeudamiento no aceptar ni firmar apresuradamente cualquier plan de pago con tal de terminar con las llamadas.
Advirtió que en algunas refinanciaciones pueden capitalizarse intereses y establecerse cuotas que luego resultan imposibles de cumplir.
“Hay que mirar bien qué se firma y, si es necesario, buscar asesoramiento antes de cerrar una financiación”, aconsejó.
Finalmente, llevó tranquilidad a los consumidores y señaló que una persona que atraviesa dificultades económicas no necesariamente está intentando evadir sus obligaciones. “Las deudas se pagan; si no es ahora, será a futuro”, sostuvo, al tiempo que pidió que las refinanciaciones sean acordes a la capacidad real de pago de cada familia.
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