15 de octubre de 2026

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​Las CTA impugnaron la fijación del salario mínimo y exigieron reabrir la negociación

A través de una carta documento enviada a la ministra Sandra Pettovello, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma reclamaron la nulidad de la Resolución 4/2026. Denuncian irregularidades en el procedimiento y advierten que la pauta fijada profundiza la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.
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​Las dos centrales obreras —la CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma— enviaron una carta documento a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para impugnar formalmente la Resolución 4/2026, mediante la cual el Gobierno fijó el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En el escrito, la dirigencia sindical exigió la reapertura urgente y de manera presencial de las discusiones en el ámbito del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

​Desde ambas organizaciones consideraron que la norma oficial resulta «nula de nulidad absoluta e insanable». Según argumentaron, la resolución no respetó los procedimientos estipulados por la Ley 24.013 ni presentó fundamentaciones claras respecto a los criterios utilizados para determinar los porcentajes de incremento, omitiendo la evolución real de los precios y los mandatos constitucionales del SMVM.

​Para graficar la pérdida de poder de compra, los gremios remarcaron que, a agosto de 2026, la inflación interanual se ubicó en un 33,3%, en tanto que el haber mínimo acumula solo una suba del 16,96% en el mismo período. Esta brecha, remarcaron, sitúa la pauta salarial por debajo del valor de la Canasta Básica Total e impacta directamente en los sectores más vulnerables.

​Frente a este escenario, las centrales intimaron a la titular de la cartera laboral a convocar nuevamente a la mesa de diálogo en un plazo no mayor a 48 horas. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, anticiparon que llevarán adelante acciones administrativas, judiciales e impugnaciones ante organismos nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento del marco legal vigente.