Por qué el Gobierno precisa al Fondo (y por qué el acuerdo no resuelve nada de fondo)

Por Guido Aschieri

El 8 de abril, el Fondo Monetario Internacional lanzó un comunicado de prensa en el que informa que se alcanzó un entendimiento entre el staff y las autoridades argentinas para respaldar el programa económico con un acuerdo de 48 meses, durante los cuales se desembolsaran 20 mil millones de dólares.

El acuerdo es de evidente interés para el Gobierno. Sus funcionarios, sea en forma directa o mediante declaraciones a la prensa, adelantaron definiciones antes de que existiese alguna concreción.

También vale la pena remarcar que, aunque siempre se habló de un monto del mismo valor, se pusieron dudas sobre cuanto sería de libre disponibilidad, y del valor del desembolso inicial. Es decir, de cuánto se incrementan las reservas que se pueden utilizar para intervenciones en el mercado cambiario. Si el monto es el mismo, para que aumenten las reservas de libre disponibilidad es necesario que se posterguen vencimientos. Lo que implica una mayor lenidad del Fondo, que es uno de los acreedores más importantes.

El apremio se explica porque, desde enero, la bolsa argentina se mantiene declinante, igual que los títulos públicos. Y el dólar financiero, sobre el cual interviene el Gobierno para contener la cotización del tipo de cambio paralelo, comenzó a elevarse, tras mantenerse estable en la última mitad del año.

Cuando inició diciembre, se encontraba en torno a los 1070 pesos por dólar. Resultado de un ascenso progresivo, por estos días ronda los 1350 pesos, y nada asegura que no siga escalando.

Por otra parte, la capacidad de intervención del Gobierno mermó significativamente. El 7 de enero, las reservas internacionales del Banco Central eran de un valor de 32.903 millones de dólares. Hasta el 9 de abril, se estiman provisoriamente en 24.733 millones. El descenso alcanzó los 8.170 millones. Una caída notable.

El principal factor de explicación en enero y febrero fueron los vencimientos de deuda externa del sector público. En el primer mes, con el sector privado. Y en el segundo, con el FMI. Pero en marzo, la venta neta de divisas al sector privado (esto es, la intervención sobre el dólar financiero) se volvió la influencia determinante. A su vez, las dos causas mencionadas anteriormente continuaron surtiendo efecto, si bien en menor medida.

Dilucidar en qué instancia se encuentra la política económica de Javier Milei y Luis Caputo implica comprender las condiciones que la hicieron posible hasta ahora. En los comienzos del año anterior, se acumularon reservas internacionales, y se incrementaron aún más sobre el final.

La primera de éstas fue la recesión, que conlleva una disminución de importaciones de bienes e insumos para la producción, y el establecimiento de condiciones de pago diferido para las importaciones. Además de que el caudal de importaciones fue menor que en los últimos meses de 2023, su pago se hizo más lento, exigiendo en menor medida la compra de divisas.

La segunda, al final del año, fue el blanqueo de capitales, que le permitió al Banco Central captar dólares mediante los requisitos exigidos a los agentes del sector financiero para realizar las operaciones de ingreso al mismo.

Ambos fueron trucos de una sola vez, que convivieron con el esquema que estructuralmente insume divisas. Este esquema se basa la fijación de una tasa de interés de referencia más baja que las alzas de precios, pero lo suficientemente atractiva comparada con la evolución del dólar, y la seguridad de que el tipo de cambio se mantendrá estable por la intervención en el mercado financiero.

Es un llamado al carry trade, porque la debilidad de la demanda interna no favorece la inversión, la tasa de interés baja no favorece el posicionamiento en pesos de largo plazo, y el Gobierno avisa que se dispone a volcar los dólares necesarios para la contención del tipo de cambio mientras sea posible. Entonces, se vuelve la única inversión racional. Ese contexto agrava un condicionante estructural: con control de capitales y mercado paralelo del dólar, existe un incentivo para sub-facturar exportaciones y sobrefacturar importaciones.

La liberalada de facilitar la importación de bienes que son producidos por la industria nacional agrava el cuadro, pero no lo origina. El aspecto comercial del agotamiento es que la mejora de la actividad incrementa el volumen de importaciones. La continuidad del esquema implicaría comprimirlas mediante la recesión para priorizar la estabilidad cambiaria, pero eso sería políticamente intolerable.

Por caso, en los dos primeros meses de 2025, el valor de las exportaciones hechas por Argentina creció un 9,9 por ciento, mientras el de las importaciones lo hizo un 33 por ciento. El saldo comercial, que el año pasado era un superávit de 2.193 millones de dólares, en este es solamente de 389. Por sí mismo es poco, mucho menos que lo que está usando por mes el BCRA. Téngase en cuenta que, aunque creció la importación de bienes de consumo y automotores, y las primeras de manera significativa, los rubros más demandantes siguen siendo los de bienes de capital e insumos difundidos.

El aspecto financiero es el que ya se constata: al mismo tiempo que se produce la salida de capitales, la continuidad del pago de la deuda externa, tanto con el FMI como con el sector privado, se contradice con usar dólares de por sí escasos. O se pagan las deudas, o se mantiene la estabilidad cambiaria.

En consecuencia, el acuerdo con el FMI es necesario para el Gobierno porque se organizó una ingeniería económica que consume dólares y compromete la estabilidad política, al condicionar el flujo normal de importaciones (y, por ende, el nivel de actividad), al esquema cambiario.

Lo lógico, desde el punto de vista de la reproducción de la vida material, sería lo inverso: adecuar la política cambiaria en función de maximizar la tasa de crecimiento del PIB. Por eso, la política económica actual es disfuncional. Pone al Gobierno en un callejón sin salida, lo conduce a un inevitable fracaso político, y deja más cargas para afrontar en la resolución de la crisis que padece la economía nacional desde 2018.

La intervención del FMI retrasa el desenlace, pero no lo modifica. Tampoco es por sí misma un problema. Es, sí, una dificultad más para el futuro. Pero, para el campo nacional y popular, no hay que confundir las cosas. Cuando llegue el momento los esfuerzos deberán abocarse a resolver la crisis de ingresos de la población argentina, para habilitar la perspectiva de transformaciones de largo plazo. En relación a esa meta se tendrá que buscar la forma más práctica de resolver los compromisos con el FMI.