El Gobierno nacional acusó el golpe tras la media sanción del proyecto de ley de propiedad privada, una iniciativa que sufrió drásticas modificaciones por parte de la oposición y de sectores aliados, reduciendo sensiblemente los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y al manejo del fuego. La derrota parlamentaria encendió las alarmas en Balcarce 50 y derivó en una reestructuración de la agenda legislativa y ejecutiva del oficialismo.
Como primera medida, la Casa Rosada decidió congelar y, en algunos casos, retirar proyectos impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuya figura comenzó a generar resistencias internas dentro del propio Gabinete.
Un conflicto de USD 300 millones y el desplazamiento del ministro
La tensión interna escaló tras el paro de 48 horas convocado por el gremio de prácticos en rechazo a un decreto desregulador. La medida de fuerza paralizó la operativa de 180 buques en las terminales portuarias del país, generando pérdidas estimadas en 300 millones de dólares y desatando el reclamo de las principales empresas del sector agroexportador e industrial.
Ante este panorama, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intervino de manera directa en el conflicto. Por decisión de la Casa Rosada, Sturzenegger fue marginado de la mesa de diálogo con el gremio y las empresas, al punto de no figurar en el acta acuerdo firmada entre las partes. La gestión para destrabar el conflicto quedó en manos del diputado Diego Santilli.
La estrategia en el Congreso: dejar «morir» los proyectos
En el ámbito legislativo, la decisión del oficialismo apunta a frenar el avance de las iniciativas con el sello del Ministerio de Desregulación. Fuentes parlamentarias señalaron que, si bien iniciativas como la Ley Hojarasca no pueden retirarse formalmente por contar ya con media sanción de la Cámara de Diputados, la directiva es «dejarlas morir» sin darle impulso en el Senado.
Asimismo, tras los reveses sufridos en la Cámara baja, desde el bloque de La Libertad Avanza deslizan que el Ejecutivo analiza retirar el proyecto de Ley de Lobby, una propuesta orientada a regular el cabildeo sectorial. Similar destino tendría el borrador de la llamada Ley de Desregulación —un documento de 144 páginas que contemplaba reformas al Régimen de Corretaje, la comercialización de medicamentos en comercios no farmacéuticos y la venta de gas licuado de petróleo—.
El repliegue político también alcanza la órbita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyo bloque en la Cámara de Diputados sumó la supervisión directa de Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem para articular las negociaciones con los bloques aliados y de la oposición.
Con información de LPO
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