Un hombre de 34 años, residente en la provincia de Salta, inició una demanda judicial contra la compañía farmacéutica AstraZeneca S.A. y el Estado nacional argentino por una suma que asciende a los 191 millones de pesos en concepto de indemnización por daños y perjuicios. El demandante atribuye a las dosis aplicadas del fármaco contra el coronavirus el origen de una patología severa que derivó en una importante discapacidad física.
Según consta en la presentación efectuada ante la Justicia Federal, el damnificado recibió dos dosis de la vacuna formulada por el laboratorio británico-sueco durante la campaña nacional de inmunización en el año 2021. Pocas semanas después de completar el esquema, comenzó a manifestar un cuadro neurológico progresivo de extrema gravedad que obligó a su internación y a someterse a prolongados tratamientos médicos de rehabilitación.
El reclamo legal apunta tanto al laboratorio fabricante como al Poder Ejecutivo Nacional. Respecto de la multinacional, el demandante aduce que el producto presentó reacciones adversas severas no contempladas adecuadamente en su momento, mientras que al Estado se le adjudica la responsabilidad de control y fiscalización del plan de inoculación masiva, además de cuestionar los marcos de indemnidad contemplados en la legislación de emergencia.
La acción judicial de este ciudadano salteño se suma a una serie de presentaciones similares que han comenzado a tramitarse en distintos juzgados federales del país —como en Córdoba y Santa Fe—, donde pacientes inoculados reclaman indemnizaciones al Estado y a las multinacionales farmacéuticas por patologías autoinmunes y trastornos vasculares sobrevivientes a la vacunación.
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