El odio en las redes sociales convertidas de facto en un espacio público no regulado, los desafíos de Internet a las categorías de lo estatal y la pugna de miradas alrededor de la difusión de «fake news» fueron abordados este jueves por académicos, legisladores y representantes de las gigantes tecnológicas Facebook y Google en el foro «Atrapados en la red: Las noticias falsas y los discursos de odio como amenazas para la convivencia democrática».
El debate realizado de forma virtual fue organizado por el Consejo Económico y Social (CES) con motivo de la adhesión de Argentina al Pacto Internacional por la Información y la Democracia, impulsado por Francia y Alemania, al que ya se sumaron 43 países de todo el mundo.
Los participantes
Participaron la jefa de la Unidad de Política Audiovisual y de Medios de la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de Comunicaciones (DG Connect) de la Comisión Europea (CE), Krisztina Stump; el vicepresidente de Políticas Públicas de Facebook América Latina, Pedro Less; la jefa de Política Pública y Asuntos Gubernamentales Google Cono Sur, Eleonora Rabinovich, y la diputada francesa del partido La República En Marcha, Naïma Moutchou.
Tras una presentación del anfitrión, el presidente del CES, Gustavo Béliz, los ponentes abordaron el panel «¿Cómo evitar la propagación de noticias falsas a través de las plataformas digitales?» en el que los conceptos de «privacidad», la protección de datos y patentes y los riesgos sobre el derecho a la información en este espacio digital funcionaron como eje.
Desde Bruselas, Stump se centró en las campañas electorales europeas y una estrategia implementada desde el 2018 para combatir la información falsa y sus derivados.
Se trata de un código autoregulatorio de prácticas que incluye medidas en distintos ámbitos, la desmonetización de la información a través del escrutinio y transparencia de la publicidad en temas políticos, medidas para contrarrestar la conductas manipuladoras y orientadas a empoderar a la comunidad.
Pedro Less, de Facebook América Latina, abordó las políticas de esa plataforma sobre desinformación y la delgada línea entre regulación y libertad de expresión.
En primer lugar manifestó sus reticencias al nombre del foro «Atrapados en la red» y señaló por el contrario el aspecto liberador de Internet «por su descentralización, ubicuidad y bajas barreras de entrada», que le permite dar acceso al conocimiento y diversas opiniones a gran parte de la humanidad.
La empresa posee -subrayó- una política corporativa de derechos humanos que rige todos los aspectos de actuación y citó como ejemplo lo que ocurrió en Myanmar que, tras el golpe de Estado de febrero último, retiró el acceso de los militares a la plataforma.
Con estas palabras, Less dejó clara su postura a favor de que una compañía privada tenga potestad para bloquear unilateralmente a usuarios, por fuera de una regulación estatal, un tema en candente debate desde que varias redes sociales eliminaron las cuentas del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al acusarlo de incitar a la violencia durante el asalto al Congreso el 6 de enero de este año.
En la misma línea, la representante de Google, Eleonora Rabinovich, expresó el compromiso del gigante tecnológico con la democracia y el combate a la desinformación.
Para Rabinovich, la misión de Google es «organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil para todos».
«Trabajamos de la mano con las autoridades electorales en todo el mundo y en particular en América latina vamos a firmar un acuerdo de colaboración con la Cámara Nacional Electoral (CNE), como hicimos en el año 2019, para brindar información electoral relevante y estamos articulando», dijo.
También destacó iniciativas para combatir los abusos y las información, que implican la remoción de contenidos «que incumplan nuestras políticas».
«Los videos que mientan sobre requisitos para votar, o qué pretenden interferir son bajados. En lo que va del año ya borramos 30 millones de vídeos de YouTube», argumentó.
Por último, la diputada francesa Naïma Moutchou, en tono más crítico, dijo que en su país la desinformación es considerada «un flagelo» y destacó lo fácil que es difundirla, invocando estudios que aseguran que las noticias falsas se propagan seis veces más rápido que una información verdadera.
«Facebook compartió información falsa antes de las elecciones francesas», señaló y recordó asimismo la participación de las grandes corporaciones tecnológicas en las falsas campañas del Brexit (2016), el realizado en España por el referéndum de independencia de Cataluña (2017) y las elecciones europeas (2019).
La legisladora insistió en que se trata de una cuestión de orden público y, aunque indicó que hay en su país una ley de lucha contra la propagación de la información y la manipulación de la información, «no están plenamente adaptadas a las nuevas tecnologías».
Por último, subrayó la responsabilidad de las plataformas «que tienen un rol central» en la propagación de información y en un proyecto de ley que busca que éstas precisen quiénes son y quiénes están detrás de los contenidos pagos, además de transparentar el monto y el origen de los financiamientos.
Fuente Telam
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