En medio del intenso debate nacional sobre la reforma del régimen penal de la minoridad, el abogado penalista Diego Lindow dialogó con Radio Exclusiva para aportar una visión técnica y social sobre la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
Para Lindow, la discusión no debe centrarse únicamente en la aplicación de penas, sino en entender que la delincuencia es el síntoma de una problemática mucho más profunda. «Creo que con esta ley lo que se ha tratado es de abordar las consecuencias y no las causas», señaló de manera tajante.
Un cambio de época innegable
El letrado sostuvo que es imposible ignorar que el contexto actual difiere drásticamente de cuando se sancionó la ley vigente. «Nadie puede decir que hoy un niño de 14 años es el mismo de hace 30 o 40 años. La sociedad ha cambiado, los padres han cambiado y la delincuencia ha crecido, poniendo armas al alcance de los niños», explicó.
Desde esa perspectiva, Lindow consideró lógico que el arco político y social acepte el debate, pero puso un freno a las expectativas de éxito de la medida en términos de seguridad pública.
La estadística frente al «populismo»
Uno de los puntos más críticos de su análisis fue el impacto real que tendría la ley en las tasas de criminalidad. Según Lindow, el índice de delitos cometidos por menores de entre 14 y 15 años representa apenas cerca de un 1,5% del total en comparación con los adultos.
«No vas a solucionar el problema. No es que con esto va a disminuir la cantidad de delitos, porque la incidencia es muy baja. Es una medida que podríamos llamar ‘populista’ porque está destinada a que un sector de la sociedad la festeje, pero no resuelve ninguna cuestión de fondo», afirmó.
El bienestar social como verdadera solución
El abogado enfatizó que la delincuencia es una consecuencia directa de la marginalidad social, educativa y cultural. En este sentido, comparó la situación argentina con la de países desarrollados, donde los bajos índices de criminalidad están estrechamente ligados a un PBI más alto y menores tasas de analfabetismo y pobreza.
«El Estado debe generar bienestar, trabajo y educación no solo para que no haya delincuencia, sino para que la gente viva mejor. La consecuencia de una mejor calidad de vida es, precisamente, la baja de estos índices», concluyó Lindow, recordando que Argentina arrastra décadas de estancamiento en estas áreas fundamentales.
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