En una entrevista brindada a exclusiva.com.ar, la Dra. Ana Lucía Cardoso brindó detalles alarmantes sobre la situación que atraviesa el sector de la discapacidad en Argentina y convocó a una movilización para este miércoles 22 de abril a las 10 de la mañana frente a la sede del Ministerio de Salud, en Avenida Belgrano.
El reclamo central gira en torno al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793) y la vulneración de derechos consagrados tanto en la Constitución Nacional como en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según la letrada, existe una sentencia judicial que ordena al Ejecutivo cumplir con dicha normativa, la cual está siendo ignorada.
Un retroceso en el paradigma de derechos
Uno de los puntos más críticos señalados por Cardoso es el proyecto de reforma que impulsa el Gobierno Nacional. La abogada advirtió que la modificación pretende eliminar el concepto actual centrado en la persona para regresar al antiguo modelo de «invalidez laboral».
«Es muy grave porque busca restringir el acceso. Ya no se hablaría de una pensión por discapacidad basada en la condición de salud y el entorno, sino que se volvería a centrar en la capacidad de trabajo, un retroceso de décadas», explicó.
Precarización y falta de pagos
La crisis no solo afecta a los beneficiarios, sino también a los profesionales que sostienen el sistema. Se denunció que muchos docentes y acompañantes perciben salarios que rondan los 350 mil pesos, con atrasos en los pagos que se extienden de 60 a 120 días. Esta situación financiera está obligando a muchas familias a suspender terapias esenciales, lo que Cardozo calificó directamente como un «abandono de persona».
Impacto en Santiago del Estero
La provincia no es ajena a este clima de hostilidad. La doctora mencionó que se han registrado casos de escuelas que intentan rechazar la matriculación de niños con discapacidad, a pesar de la vigencia de la Ley de Educación Inclusiva. No obstante, destacó como un rayo de esperanza un fallo histórico reciente en la justicia local que garantiza la educación inclusiva en Santiago del Estero, sentando un precedente fundamental para las familias que sufren discriminación.
«Hoy las familias tienen que elegir qué terapia seguir y cuál cortar. Hay plata para otras áreas, pero para el sector más vulnerable siempre el ajuste es inmediato», concluyó la profesional, reiterando la invitación a toda la comunidad a sumarse a la marcha de mañana para frenar lo que consideran un desmantelamiento del sistema de protección social.
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