El diputado nacional por Santiago del Estero, Ricardo Daives, cuestionó el tratamiento que el Gobierno nacional viene dando a la situación de las personas con discapacidad y sostuvo que el Estado debe avanzar en el cumplimiento de la legislación vigente.
Durante una entrevista, Daives señaló que resulta necesario “trabajar sobre la dignidad, los derechos sociales, los derechos educativos y de salud” de las personas con discapacidad, y cuestionó que una normativa que ya fue debatida y sancionada vuelva a ser objeto de discusión parlamentaria.
“Ya se lo ha tratado, se lo ha sancionado, se lo trabajó. Ahora lo que hay que hacer es aplicar la ley”, afirmó el legislador.
Daives también se refirió a las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien sostuvo que la discapacidad no constituye una variable de ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal. En ese sentido, el diputado planteó que las cuentas públicas no deberían analizarse únicamente desde una perspectiva numérica.
“El equilibrio fiscal es una cosa, también hay un equilibrio social, un equilibrio educativo, de salud. Eso también hay que pensar”, manifestó.
El legislador santiagueño además cuestionó que el Congreso deba volver a discutir cuestiones vinculadas con una legislación que ya fue aprobada. En ese marco, consideró que se produce un “manoseo innecesario” de una problemática que afecta a una parte importante de la población.
La postura de Daives coincide con su actividad parlamentaria reciente: en 2025 presentó un proyecto para declarar insanablemente nulo el artículo 2 del Decreto 681/2025, vinculado con la emergencia en materia de discapacidad.
El rol de la Justicia
Consultado sobre el incumplimiento de las normas y la posibilidad de que intervenga la Justicia, Daives sostuvo que la responsabilidad principal del cumplimiento de las leyes corresponde al Poder Ejecutivo y, en particular, al Presidente de la Nación.
“Es una obligación constitucional”, afirmó, al cuestionar que se vuelva a elevar al Congreso el tratamiento de una norma que, según señaló, ya fue sancionada.
A su vez, consideró que la intervención judicial en asuntos que ya fueron tratados por el Congreso refleja una situación que, a su entender, genera tensiones dentro del funcionamiento institucional de la República.
En esa línea, también reclamó una actuación de la Corte Suprema frente a situaciones que, según su interpretación, afectan el funcionamiento del sistema republicano.
Daives extendió sus críticas a otras áreas, entre ellas la educación universitaria, y sostuvo que existen diferentes problemáticas sociales que requieren respuestas que excedan la discusión estrictamente fiscal.
Finalmente, durante la entrevista también fue consultado por cuestionamientos relacionados con compras de alimentos para la Quinta de Olivos. Sobre ese tema, hizo referencia a versiones sobre los consumos registrados y planteó la necesidad de contrastar esos datos en el ámbito correspondiente.

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