Fiscalía de Estado secuestra toneladas de soja y maíz producidas ilegalmente en tierras fiscales

​El Gobierno de la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, ejecutó una nueva fase de los intensos operativos que viene desplegando en el norte del territorio santiagueño, con el objetivo firme de proteger el patrimonio provincial y el medio ambiente. En esta oportunidad, tras detectarse desobediencias flagrantes a órdenes judiciales previamente notificadas, la Justicia procedió a hacer efectivas sentencias de embargo y secuestro de una millonaria producción de soja y maíz en campos ocupados ilegalmente.

​El Dr. Raúl Abate, Fiscal de Estado, coordinó personalmente el cumplimiento de estas nuevas medidas contra productores foráneos, quienes persistieron en la explotación clandestina de tierras fiscales. Los infractores no solo ignoraron la titularidad pública de los suelos, sino que además violaron sistemáticamente las prohibiciones de desmontar y cosechar emanadas de los tribunales locales.

​Según explicaron desde el organismo, el secuestro de los granos busca cortar de raíz la mecánica de enriquecimiento ilícito a expensas de los recursos públicos de todos los santiagueños, impidiendo que se comercialice lo producido en infracción.

​Despliegue en el terreno

​Las actuaciones se concentraron nuevamente en puntos críticos de los departamentos Copo y Alberdi. Para garantizar el estricto cumplimiento de las leyes vigentes y evitar incidentes, se coordinó un operativo interdisciplinario en la zona profunda de El Impenetrable santiagueño.

​El procedimiento civil y policial estuvo integrado por:

• ​Un equipo de abogados de la Fiscalía de Estado, bajo las directivas del Dr. Rodrigo Martorell Enrico y el Dr. Matías De la Rúa.
• ​Oficiales de Justicia de la jurisdicción.
• ​Personal técnico de las Direcciones de Tierras y de Agricultura, dependientes del Ministerio de la Producción.
• ​Efectivos de la Policía de la Provincia, quienes custodiaron el perímetro y las maquinarias de carga.

​Tolerancia cero al desacato

​Desde la Fiscalía de Estado fueron categóricos al advertir que no se tolerará ningún tipo de desacato a las órdenes de los magistrados provinciales. Al mismo tiempo, confirmaron que el equipo jurídico ya evalúa la presentación de nuevas acciones civiles y penales contra los empresarios implicados por los delitos de desobediencia judicial y daño ambiental calificado.

​Finalmente, las autoridades reiteraron que este tipo de procedimientos de control y recuperación de tierras fiscales se mantendrán de forma sostenida e ininterrumpida durante todo el año 2026.