La investigación por la muerte de una beba recién nacida en el Hospital Zonal de Quimilí «Bernardo Houssay» ha tomado un nuevo impulso judicial. En las últimas horas, la Justicia dispuso la imputación de dos profesionales de la salud por su presunta responsabilidad en el hecho ocurrido en mayo de 2025, bajo la carátula de homicidio culposo.
Las imputaciones y el avance judicial
La medida, dictada en el marco del expediente que tramita en la Unidad Fiscal de Abuso Sexual y Violencia Institucional, a cargo del Dr. Mauricio Abramczuk, recae sobre la obstetra Silvana B. Sánchez y la enfermera Silvia Maldonado. Según las fuentes judiciales, se han reunido «elementos suficientes e indicios vehementes» que justifican la sospecha sobre su accionar durante el parto.
Ambas profesionales serán citadas a prestar declaración indagatoria próximamente, una medida que había sido solicitada formalmente por la Dra. Ivana Sánchez, abogada que representa a la familia de la víctima.
Crónica de una tragedia
El caso se inició tras la denuncia de Fabián Hipólito Mansilla, padre de la beba. Según el relato del denunciante, su pareja ingresó al nosocomio con un embarazo avanzado y fuertes dolores. Tras el nacimiento, la pequeña no lloró y, a pesar de las maniobras de reanimación practicadas por el personal, los médicos informaron su fallecimiento minutos después.
Mansilla denunció una serie de irregularidades que incluyen:
- Demoras injustificadas en la atención.
- Decisiones médicas cuestionables durante el traslado y el parto.
- Contradicciones en los informes brindados por el personal de turno.
Ante estas dudas, la justicia ordenó una autopsia cuyos resultados son piezas clave para determinar la causa fehaciente del deceso.
Pedido de ampliación: la cadena de responsabilidades
La querella no se detiene en el personal de guardia. La Dra. Ivana Sánchez ha solicitado que la investigación se amplíe hacia otros profesionales que asistieron a la madre durante la etapa prenatal.
Puntualmente, la abogada apuntó contra los médicos Carlos Abel Zárate y Maximiliano Chávez. Según la querellante, ambos habrían detectado una amenaza de parto prematuro en controles y ecografías previas, pero no habrían dispuesto la internación ni las medidas preventivas adecuadas.
«De haberse actuado con la diligencia correspondiente, el desenlace fatal podría haberse evitado», afirmó la letrada de forma contundente.
El futuro de la causa
Mientras la comunidad de Quimilí permanece conmocionada por el hecho, se espera que en las próximas semanas se lleven a cabo nuevas pericias médicas y medidas probatorias. El objetivo de la fiscalía es reconstruir la cadena de decisiones médicas para determinar si existió una mala praxis que terminó con la vida de la recién nacida.
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