Canal de la Patria: Un drama a cielo abierto que reclama solución urgente

Hace unos días escuché a un periodista de una radio de Buenos Aires
entrevistando a un consultor sobre el panorama de la política argentina.
Entre otros conceptos, el entrevistado sostuvo la necesidad de “fortalecer el
espíritu crítico” no solo hacia las acciones de gobierno sino también a los
acontecimientos que suceden a diario.
La idea me pareció apropiada para comenzar esta nota. Si bien me centro
en lo que está ocurriendo en el Canal de la Patria y la mortandad de fauna
silvestre que provoca, también me propuse analizar los antecedentes de esta
obra y la responsabilidad de quienes la diseñaron, construyeron y
controlan.
Ubicado en el norte de la provincia de Santiago del Estero, el Canal de la
Patria es una obra que se extiende por alrededor de 250 kilómetros,
llevando agua desde el río Salado a diversas localidades como Quimilí, El
Colorado y Pozo del Toba, entre otras.
Fue construido en 1976 durante la intervención de César Fermín Ochoa, en
los primeros años de la dictadura militar. Junto al Canal de Dios y el Canal
de la Virgen, la obra beneficiaba a la región este de la provincia, alejada de
los ríos, donde el agua se extraía de pozos, a veces de hasta 70 metros de
profundidad. Los canales estaban excavados en tierra y se basaron en
proyectos de una década antes.
En 2020 se decidió revestirlo de cemento para disminuir la pérdida por
infiltración subterránea. Al año siguiente se iniciaron los trabajos con la
presencia del presidente Alberto Fernández, el ministro Gabriel Katopodis
y el gobernador Gerardo Zamora. La obra fue contratada por el Ministerio
de Obras, Servicios Públicos, Agua y Medio Ambiente de la Provincia de
Santiago del Estero, con un valor de 8.720 millones de pesos, adjudicada a
la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Panedile-Concret
Nor-Mijovi. La estructura del canal tiene una profundidad de alrededor de
1.40 metros y 2 metros de ancho.
A mediados de 2023 fue habilitado; en agosto comenzaron a circular en la
prensa noticias acerca de los animales muertos en su cauce. En los meses
siguientes, hasta hoy, el caso ha tenido trascendencia nacional pero escasa

en la provincia. La falta de respuesta de las autoridades provinciales nos
llevó a indagar sobre la cuestión, la magnitud del problema, los organismos
responsables y las propuestas para su solución.
Entrevista a un investigador y otras opiniones
Para conocer más detalles entrevisté a Diego Gallego García, biólogo
español que se desempeña en el Centro para el Estudio y Conservación de
las Aves Rapaces de la Argentina (CECARA), de la Universidad Nacional
de La Pampa. Como investigador de ese centro y del CONICET, en los
últimos años ha visitado tres veces la región del canal junto con un
reducido equipo. Tras ser testigos de lo que sucede, resolvieron revelar la
situación y luego participar a otras asociaciones civiles, como Azara, Aves
Argentinas, Vida Silvestre y la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN). Le pregunté sobre su trabajo y lo que había visto en sus
viajes.
“Soy biólogo y becario del Conicet. Estoy trabajando con el águila
coronada, una especie de ave rapaz amenazada que habita toda la zona
árida del centro y norte de la Argentina –dice-. Este año nos financiaron la
investigación de esta especie en la provincia de Santiago del Estero.
Cuando se viralizaron las primeras imágenes yo estaba en la zona, y unos
días después fuimos al lugar de los hechos. Al ver toda esta situación,
preferimos no alzar la voz e investigar concienzudamente”.
Y agrega: “Durante los siguientes meses efectuamos una recorrida por mes,
a lo largo de todo el canal, y entrevistamos a una veintena de pobladores de
la zona, pidiéndoles que nos reportaran casos de ahogamientos que
presenciaran. Con los datos en la mano, decidimos convocar a asociaciones
ambientalistas para presentarles el caso. La Fundación Vida Silvestre
decidió apersonarse en el canal para ayudarnos en el último muestreo, el de
Marzo). Hasta ahora no ha habido casi medidas de mitigación de esta
mortalidad, salvo la instalación de cinco escaleras en un tramo de treinta
kilómetros y un camión de primeros auxilios que envió el entonces ministro
Juan Cabandié, unos días antes de las elecciones“.
Según cuenta el biólogo, originario de Bilbao, desde octubre “hemos
registrado más de 250 animales muertos, pertenecientes a más de cuarenta
especies de fauna silvestre. El oso hormiguero, la tortuga terrestre, la
mulita, el mataco bola, especies con alguna categoría de amenaza de sus
poblaciones, amén del guazuncho, pecaríes de collar, zorros y hasta pumas.
También se están cayendo muchos reptiles, como la boa lampalagua, y aves
y animales domésticos como perros, chivas, vacas, chanchos. Este canal
podría estar produciendo una extinción regional de la fauna silvestre. Es
una verdadera catástrofe ambiental”.

El desafío: que hacer ahora
“La única solución, para detener este ecocidio, sería cerrar o entubar el
canal, como ya se ha hecho con otros canales de agua en el país. Hay
especies de animales cuyo estado de conservación está comprometido y un
factor de mortalidad tan brusco como este podría ser el golpe de gracia para
su extinción”, concluye Gallego García.
Hace un mes, organizaciones ambientales, científicas y civiles solicitaron
acción urgente en el Canal de la Patria. “Hasta la fecha, en respuesta al
reclamo de diversos actores de la sociedad civil, en su mayoría locales, las
autoridades de Santiago del Estero a cargo de la Dirección de Bosques y
Fauna, la Subsecretaría de Medio Ambiente (dependiente del Ministerio de
Producción) y la Secretaría del Agua (dependiente del Ministerio de Obras
Públicas) emitieron un comunicado oficial en el que se menciona como única
medida la realización de recorridas periódicas de personal para rescatar los
animales afectados”. 
Las 22 organizaciones firmantes exigen a las autoridades de la provincia de
Santiago del Estero la implementación de medidas a fin de remediar la
problemática en el Canal de la Patria. La coalición subraya la necesidad de
intervención en la obra de infraestructura que representa un grave riesgo
para la fauna silvestre y doméstica, así como para las poblaciones humanas
en las áreas cercanas. Frente a esta situación, las organizaciones firmantes
exigen a las autoridades tomar medidas urgentes, entre las que se incluyen:
 Tapar el canal para alcanzar su entubamiento a lo largo de todo su
recorrido. Sólo esta medida será efectiva para evitar los impactos
ambientales y sociales identificados.
 Evaluar seria y correctamente los impactos de la obra y monitorear
periódicamente mientras se avanza con el entubamiento.
 Impulsar medidas de compensación del impacto ambiental evaluado,
que contemple la creación e implementación de nuevas áreas protegidas
en la región e implementación de corredores.
Hasta la fecha, en respuesta al reclamo de diversos actores de la sociedad
civil, en su mayoría locales, las autoridades de Santiago del Estero a cargo
de la Dirección de Bosques y Fauna, la Subsecretaría de Medio Ambiente
(dependiente del Ministerio de Producción) y la Secretaría del Agua
(dependiente del Ministerio de Obras Públicas) emitieron un comunicado
oficial en el que se menciona como única medida la realización de
recorridas periódicas de personal para rescatar los animales afectados.
Posteriormente, se elevó desde las organizaciones firmantes un pedido de
informes tanto a la Presidencia de la Nación como al Ministerio de
Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente, y

el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Agua de la Provincia de
Santiago del Estero.
Las autoridades ambientales de Santiago del Estero, mediante un
comunicado, sólo procuraron minimizar estas denuncias. Una obra de tal
envergadura, que preveía un impacto en las actividades productivas de una
importante región, no contempló estudios de impacto ambiental y medidas
de prevención o mitigación ante el riesgo de accidentes con la fauna, tal
como lo requiere cualquier plan o proyecto estatal.
Santiago del Estero es la primera productora de soja en términos per cápita,
ubicándose el departamento Moreno en la tercera posición en el ciclo
2022/23. La política del gobierno provincial, a lo largo de estos últimas
décadas, ha estado orientada a favorecer al agronegocio, como también a
las empresas contratistas de obras. Ante la política de depredación de los
bosques y de extinción de la fauna nativa, combinada con la expulsión o
desaparición del pequeño productor y la vida campesina, es necesario
impulsar la organización y movilización independiente en defensa del
medio ambiente y el territorio.