En Jujuy están pasando cosas gravísimas. En eso coincide hasta incluso una parte de la ciudadanía que decide percibir el conflicto como una cuestión de tránsito (cortes) y tiene decidido que la “paz social” o el “orden” tiene que primar “cueste lo que cueste”. O también aquellos que prefieren pensar todo en clave de peronistas (o kirchneristas) venidos desde Buenos Aires, que ocasionarían desmanes para voltear al pobre dictadorcito Morales.
Del otro lado, desde la sensibilidad “nacional y popular”, se teoriza y se razona el problema con mayor cantidad de información y se problematiza en torno a determinados intereses que están ligados al litio y los recursos naturales. Esto es totalmente válido pero a veces la interpretación de los hechos resulta más sencilla para quienes deciden pensar como los primeros. Esto lo ha entendido a la perfección el círculo rojo y en torno a ellos los medios comerciales generan los dispositivos narrativos que pegan de lleno en la “otra Argentina”.
En relación al dictadorcito Gerardo Morales, el conflicto puede estudiarse desde distintos registros, aunque se entiende que los principales serían los siguientes:
a) Desde el registro económico-político, como un experimento válido ante el anunciado -hasta el hartazgo- ajuste que propone Juntos por el Cambio. Sería un triunfo -definitivo- de Morales que nadie discutiera los bajísimos salarios y aun así ganar las elecciones, consolidando su edificio político, social y hasta cultural. Una hipótesis para posicionarse, además, como el mejor instrumento de una fórmula conservadora presidencial de la derecha ultraderechizada argentina.
b) Desde el registro estratégico y de negocios, como una capacidad del dictadorcito para estafar y despojar a los pueblos originarios y demás tenedores de tierras, de su bien más preciado, pudiendo vender al mejor postor el recurso de los jujeños y, por qué no, de todo el pueblo argentino. Y eso sin “costo” alguno. Hago un paréntesis aquí para decir que siempre he pensado que es un error gravísimo otorgar la gestión de los recursos estratégicos y de las riquezas naturales a una provincia.
c) Desde el registro del poder, para demostrar a los cambiemitas porteños que -a contramano de lo que pensaría cualquier persona con sensibilidad social- el conflicto no hace otra cosa que otorgarle más poder. Regalarle sonrisas y herramientas políticas y discursivas a Patricia Bullrich, además de otorgarle la estructura nacional de un partido centenario lo colocaría en inmejorables condiciones para ser el próximo número 2 de la Argentina.
d) Desde el registro jurídico-policial -esto conectado con la misma idea de poder- para demostrarle al país, que “a pesar de los tirapiedras”, se puede cambiar un orden jurídico, a través de una reforma constitucional manejada en las sombras y a control remoto. Que se puede recortar o eliminar derechos con una constitución votada como si fuera una simple ley o decreto reglamentario, utilizando un régimen de terror, con policías de civil tirando piedras, con autos particulares sin patente que filman y fotografían gente, con allanamientos ilegales y amenazas.
Digo todo esto porque desde hace un tiempo hasta aquí, se ha vuelto más importante la explicación sobre el hecho que el hecho en sí mismo. Y en política esto es crucial. En tiempos “normales”, nadie se animaría a discutir la represión en cualquier lugar de Argentina y se habría condenado tales conductas, pero en estos tiempos, parece que la derechización de la sociedad argentina hace que la represión sea un instrumento válido y justificado.
Sin embargo, a medida que van transcurriendo los días, va perdiendo peso la idea de “peronistas lanzapiedras” que estarían rompiendo el orden y empieza a trazarse un significante vacío que no gira en torno a la idea de orden, sino de bienestar social. Son las personas de carne y hueso, los humillados por el dictadorcito Morales, los que ponen el cuerpo para contar su historia. Son los maestros y maestras olvidados, son los trabajadores hambreados, los originarios siempre maltratados y los más desprotegidos por el sistema de vasallaje que impone Morales, los que desafían cada uno de los registros que antes mencionaba.
Los laclaunianos decimos que no existe tal cosa como un pueblo, un objeto inerte, permanente, que está constituido por los más pobres y desfavorecidos, que de vez en cuando protesta sobre el orden vigente.
Un pueblo, en nuestra concepción, se constituye cuando el sistema no puede receptar ni gestionar demandas insatisfechas que se ordenan de la siguiente manera: necesidad, deseo o expectativa insatisfecha -> malestares individuales > discusión pública -> colectivización de esos dolores -> demanda insatisfecha -> quejas o reclamos -> protestas -> conflicto en poder constituido -> constitución del pueblo -> institución de ese pueblo.
Esto que parece muy teórico y aburrido, tiene mucho de sentido para entender lo que viene si llegaran a ganar las presidenciales Larreta o Bullrich. Los conservadores, bajo el formato de republicanos del cambio, con una tijera gigante para recortar derechos y conquistas sociales, para modificar el orden vigente y empeorar la vida de la gente. Todo esto con la promesa de un bienestar futuro. Tal cual, la luz al final del túnel como proponía Mauricio Macri mientras vaciaba los bolsillos de los trabajadores y endeudaba a nuestros propios nietos a partir de una fuga de miles de millones de dólares que hasta ahora nadie sabe bien donde están.
En Jujuy no hay infiltrados. Es la ciudadanía que empieza a transformarse en pueblo. Se está formando el “significante vacío” que une cada una de las demandas insatisfechas y rompe aquellos dispositivos del sistema diseñado por el dictadorcito, pero que -a pesar del auxilio mediático porteño, en especial Clarín, TN y compañia- ya no puede parar ni neutralizar.
El mensaje final para “el resto de los argentinos”: lo que pasa en Jujuy parece que les pasa a ellos. En realidad, vienen por todos nosotros. Estamos a tiempo de pensar, reflexionar y no darle ninguna herramienta (voto) a los conservadores que quieren transformar a Argentina una colonia o un paraíso fiscal.

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