La situación del sector de discapacidad en Argentina ha cruzado un límite crítico. Lo que comenzó como un ajuste presupuestario se ha transformado, en palabras de los protagonistas, en un «aniquilamiento de derechos» que combina el ahogo económico con la violencia física. En una entrevista concedida a Radio Exclusiva, Valeria Morales, referente de los prestadores en la provincia, brindó un crudo panorama sobre la realidad que atraviesan las familias y los profesionales del área.
Represión y «vía libre» judicial
El hecho más alarmante de las últimas horas fue la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad federales contra manifestantes, entre los que se encontraban niños con síndrome de Down y sus familias. Morales calificó al gobierno de «fascista» y «excluyente», señalando que la respuesta ante el reclamo de derechos básicos es el uso de la fuerza.
»Es grave porque hay una connivencia de sectores de la justicia que dan vía libre para los palos y de los medios de comunicación que no visibilizan lo que está pasando», se advirtió durante la entrevista. La denuncia apunta a un cerco mediático que impide que la sociedad tome dimensión de la violencia ejercida contra uno de los sectores más vulnerables de la población.
Una ley aprobada, pero incumplida
A pesar de que la Ley Nacional de Discapacidad logró su aprobación definitiva tras un año de intensas disputas legislativas y un veto presidencial previo, la normativa hoy es «letra muerta». Morales confirmó que:
- Pensiones: Continúan suspendidas, dejando a miles de beneficiarios sin su único sustento.
- Obras Sociales: Entidades como OSECAC han informado que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no está enviando fondos, lo que paraliza los pagos.
- Auditorías eternas: Se utilizan las revisiones administrativas como mecanismo de «filtro» para no autorizar terapias esenciales.
El colapso de los prestadores
La crisis económica también golpea de lleno a los trabajadores. El nuevo nomenclador nacional se encuentra totalmente desfasado respecto a la inflación actual. Según detalló Morales, hay prestadores que no perciben sus haberes desde julio y agosto de 2025. «Ni siquiera estamos cobrando con aumento; los pagos llegan cada tres meses y con valores que no se acercan a la realidad de la crisis que atravesamos», explicó.
Finalmente, la profesional instó a una «respuesta de conjunto» frente a lo que considera un atropello a la vida misma. Mientras el Gobierno Nacional sostiene su esquema de déficit cero, el costo humano en Santiago del Estero y el resto del país se traduce en terapias interrumpidas, profesionales precarizados y familias reprimidas en las calles.
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