[Audio] Inconstitucionalidad y pérdida de soberanía: el duro análisis sobre la reforma a la Ley de Tierras

El tratamiento en el Congreso del proyecto que modifica la actual Ley de Tierras (Ley 26.737) encendió las alarmas en el ámbito jurídico y político. En declaraciones a Radio Exclusiva, el abogado constitucionalista Santiago Nassif analizó el dictamen de mayoría que propone llevar del 15% al 25% el tope permitido para la extranjerización de tierras rurales, municipales y provinciales en todo el país.

​Para Nassif, el debate gira en torno a dos visiones contrapuestas sobre la defensa de la soberanía argentina. «El gobierno nacional y sus aliados pretenden sancionar una ley de entrega de la patria. No se trata simplemente de ampliar un porcentaje, sino de poner una superficie gigante del territorio en manos extranjeras», aseveró el letrado.

​La falacia de la «inviolabilidad» y el marco constitucional

​Uno de los puntos centrales remarcados por el especialista es la manipulación conceptual en la titulación del proyecto. «Le ponen el rimbombante título de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’ para disfrazar la entrega de la tierra, cuando en realidad la Constitución Nacional, en su artículo 17, ya establece claramente desde 1853 que la propiedad es inviolable. No hace falta una nueva ley para declarar algo que ya es un mandato constitucional», explicó.

​Asimismo, alertó que la propuesta no solo incrementa el cupo de venta a firmas e inversores foráneos, sino que busca blindar dichas propiedades modificando la ley de expropiaciones. Según detalló Nassif, de aprobarse la norma, las expropiaciones a titulares extranjeros serían extremadamente complejas y exigirían indemnizaciones muy superiores a las habituales.

​Un plan sistemático de desregulación

​El constitucionalista enmarcó este proyecto dentro de una estrategia de desregulación más amplia iniciada con el DNU 70/2023, que ya intentaba derogar normativas clave de protección territorial.

​En esa misma línea, Nassif vinculó esta reforma con iniciativas complementarias, como la propuesta de modificación a la ley de sociedades que permitiría la conformación de personas jurídicas controladas por inteligencia artificial y sin la exigencia de personas humanas integrándolas. Según argumentó, este entramado normativo facilitaría que grandes extensiones de suelo argentino queden administradas bajo esquemas corporativos opacos e inalcanzables para el control del Estado.