Avanza en Diputados proyecto que prohíbe la ayuda estatal a empresas con activos en guaridas fiscales

Tras un debate de más de tres horas, el Frente de Todos se alzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto de ley que busca prohibir que el Estado Nacional asista económicamente a empresas que tengan activos en guaridas fiscales.

La iniciativa, que reunió 25 firmas, fue acompañada por los representantes del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, el cordobés Paulo Cassinerio y el misionero Diego Sartori, respectivamente.

En tanto, el dictamen de minoría alcanzó las 20 firmas de los miembros del interbloque Juntos por el Cambio, quienes insistieron con la versión original del texto, es decir, con el proyecto que había obtenido unanimidad previo a su vuelta a comisión en la sesión del pasado 24 de septiembre.

Al comienzo, el presidente de la comisión, el oficialista Carlos Heller, destacó que los tres diputados impulsores de la iniciativa hayan llegado a un texto común, luego que el tema haya sido revisado.

El cordobés Pablo Carro aseguró que “no es diferente en lo sustancial y en el objetivo que se propone”, y el nuevo análisis “nos ha permitido enriquecer y afinar el proyecto de muchas maneras”. “Hoy es es mucho más claro acerca de lo que queremos lograr”, añadió el oficialista.

En tanto, la diputada Fernanda Vallejos habló de un “buen dictamen” que contempla “la multiplicidad de situaciones, maniobras, prácticas que caracterizan a quienes buscar eludir y evadir los controles de los Estados” y “se quedan con recursos que pertenecen al conjunto de la ciudadanía”.

Lo que se busca es que “quienes no se consideran argentinos a la hora de pagar impuestos, quienes no aportan lo que les corresponde, no deben capturar esos recursos públicos”, señaló la legisladora del Frente de Todos, y remarcó que esos recursos deben, en cambio, “ser destinados a aquellos y aquellas que verdaderamente los necesitan”.

La economista manifestó que se establecen “criterios exigentes en la procura de contemplar a la diversidad de sujetos, entes e instrumentos jurídicos”. “Creemos que es fundamental que todos los vivos que utilizan estos instrumentos dejen de ver al Estado Nacional como un Estado bobo al que no aportan nada, pero que le sacan todo lo que pueden cada vez que pueden”, completó.

Desde Consenso Federal, Graciela Camaño, quien no forma parte de la comisión pero trabajó en el proyecto, dijo estar “convencida” de que a este tipo de empresas “no les tenemos que dar ventajas y menos en épocas de escasez”. “Tenemos que premiar a aquellos empresarios, emprendedores y personas que toleran una carga impositiva muy importante en Argentina”, apuntó.

En contra de la iniciativa, el radical Luis Pastori anunció que el interbloque Juntos por el Cambio presentaría “un dictamen de minoría, de rechazo al proyecto”. El misionero recordó que la intención de su espacio era la de acompañar “el proyecto original”.

Sin embargo, el legislador indicó que el nuevo texto “tiene muy poco que ver” con la redacción inicial. “Ha mejorado notablemente la pluma del proyecto, por un lado, pero por el otro ha empeorado el prejuicio ideológico y el sesgo antiempresa“, afirmó y consideró que “es todo lo que no se debe hacer para atraer inversiones”.

El secretario de la comisión advirtió que la ley podría alcanzar a empresas bajo régimen de promoción especial, como “todas las de Tierra del Fuego”, y sostuvo que “esto es un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo haga un enorme listado de a qué empresas van a asistir y a cuáles no”.

“Va a ser difícil encontrar alguna empresa que no quede incluida”, agregó y continuó: “Acá le estamos diciendo a todas las empresas en el exterior que ni se les ocurra venir a Argentina, porque no le vamos a dar ni un vaso de agua”. Tras una extensa argumentación, Pastori ratificó que la ley “resulta de imposible acompañamiento”, que será de “difícil aplicación” y dará “una discrecionalidad muy grande al Ejecutivo”.

A continuación, el macrista Luciano Laspina enfatizó que “es evidente que hay un cambio notable” entre el proyecto original y el nuevo. “No solo se refiere a la asistencia financiera, sino que altera el principio de igualdad”, alertó y se preguntó si esta iniciativa “no viola algún principio de la Organización Mundial de Comercio en materia de igualdad en la competencia”.

El santafesino pronosticó que la norma traerá “un montón de litigios y reclamos internacionales”, al tiempo que resaltó que “no está claro si las excluye o no” a las sociedades constituidas en el extranjero. “Esto no tiene nada que ver con los paraísos fiscales, es mucho más amplio”, expresó y opinó que “en una primera lectura” lo que se ve es la intención de “no le queremos dar más ayuda de ningún tipo a los inversores extranjeros directos”.

Recogió el guante el porteño Itaí Hagman, que cuestionó a la oposición por haber hecho “un planteo parecido” con el proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. El oficialista subrayó que no se está “discutiendo qué empresas tienen derecho a existir o no existir, sino cuáles tienen derecho a recibir beneficios”.

“No estamos hablando de sanciones o castigos, sino de quitar la posibilidad de un beneficio, un privilegio”, añadió el legislador y calificó al proyecto de “razonable”, además de afirmar que “no es un ataque a las empresas ni al sector privado”.

También desde el Frente de Todos, el santacruceño Pablo González negó que se esté “legislando retroactivamente” -como planteó Pastori-. “De acá para adelante no van a poder acceder (a un beneficio), nadie dice que se les va a sacar lo que hayan recibido”, aclaró y enfatizó que “es un disparate” decir que “las empresas no puedan venir a invertir” con esta ley.

Fuente El Parlamentario.com