En el marco del debate sobre el paquete de leyes enviado a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, el senador por la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, realizó una pormenorizada crítica al proyecto de ley penal juvenil. Si bien el legislador reconoció la necesidad de modernizar la justicia en esta materia, calificó a la propuesta como «el proyecto de ley más cuestionado» por su sistemática violación a los principios federales.
Un avance sobre las autonomías
El eje central de la alocución de Zamora fue la inconstitucionalidad de múltiples artículos que, según su visión, pretenden legislar sobre facultades que la Constitución Nacional reserva a las provincias. El senador detalló que la norma intenta regular aspectos del ámbito procesal penal provincial, tales como:
- Lugares de alojamiento y tutela juvenil: Cuestionó los incisos K y M del artículo 5, señalando que el Congreso no puede avanzar en reglamentaciones que afectan ámbitos regulatorios de otras jurisdicciones.
- Mandatos a jueces locales: Criticó los artículos 6, 7 y 40, afirmando que otorgan mandatos procesales a magistrados provinciales con alcances indefinidos, invadiendo competencias directas.
- Salud Mental y Peritajes: Sobre los artículos 25 y 35, Zamora advirtió que la ley nacional pretende imponer procedimientos obligatorios en temas de salud mental y uso de drogas, áreas que son competencia de las autoridades sanitarias locales.
»Totalmente inconstitucional»
Zamora fue tajante al referirse a la organización de la justicia provincial. Denunció que el artículo 38 pretende impartir instrucciones a los Consejos de la Magistratura locales sobre la selección de jueces, algo que «no se puede hacer por esta ley».
Asimismo, calificó como la disposición «quizás más grave» al artículo 47, que intenta aplicar el Código Procesal Penal Federal a todos los procesos juveniles del país, eliminando de facto las normativas provinciales.
Cargas sin recursos
Hacia el cierre de su intervención, el senador santiagueño hizo hincapié en el impacto económico de la reforma. Al analizar el artículo 51, denunció que la ley impone mandatos que implican un fuerte gasto para las arcas provinciales sin establecer un financiamiento suficiente.
»Es otra ley que nos da cargas y nos deja sin recursos», concluyó el legislador, ratificando su postura contra una normativa que, a su juicio, vulnera el federalismo de manera integral.
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