​Alertan por el riesgo de la cadena de pagos y proyectan el cierre de más de 3.000 industrias para fin de año

​La combinación de recesión, parálisis de las ventas, apertura de importaciones y una creciente presión tributaria está llevando al sector pyme industrial argentino a una situación crítica que los propios empresarios califican como «terminal». Según datos sobre el panorama productivo, el entramado fabril nacional atraviesa una carrera récord de concursos de acreedores y quiebras que amenaza con romper definitivamente la cadena de pagos y dejar un saldo de más de 3.000 fábricas cerradas para fines de 2026.

​De acuerdo con las proyecciones elaboradas por la consultora I+D y distintas cámaras empresariales, el presente año podría concluir con la pérdida de 3.070 empresas industriales formales y la destrucción de unos 105.000 puestos de trabajo directos e indirectos. La gravedad de la coyuntura se refleja en los tribunales comerciales: solo durante la primera mitad del año, se registraron 132 presentaciones de quiebras inminentes en la Ciudad de Buenos Aires, cifra que ya representa casi el 70% de todo lo acumulado durante 2025 y supera holgadamente a la crisis del año 2020 durante la pandemia.

​Parálisis, plazos de cobro asfixiantes y embargos

​A diferencia de otras crisis que castigaban con mayor dureza a la informalidad, la recesión actual golpea directamente al corazón formal y tecnológico del aparato fabril. En sectores clave como el textil, calzado e indumentaria, las fábricas operan con más del 60% de sus instalaciones apagadas. La cadena de pagos, si bien aún no se declaró formalmente rota, padece un aletargamiento dramático: los plazos de cobro a clientes se extendieron de 120 a 180 días, lo que obliga a las empresas a financiarse a contratemporada mientras sufren el rebrote de cheques rechazados sin fondos.

​A esta asfixia financiera se le suma la actuación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión Industrial Argentina (UIA) denunciaron una «voracidad tributaria» que desata ejecuciones fiscales y embargos a los 60 días de mora, lo que se convirtió en la principal preocupación del sector pyme.

​Frente a esta coyuntura, dirigentes empresariales exigieron al Congreso de la Nación el dictado urgente de una normativa de emergencia que contemple la suspensión temporal de ejecuciones fiscales, moratorias con condonación de intereses y planes de facilidades de pago para evitar el remate masivo de bienes y la liquidación definitiva del capital industrial argentino.