La Cámara de Diputados debatió este miércoles el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que busca reformular integralmente el régimen de subsidios al gas en «zonas frías». La iniciativa oficial apunta a reducir de manera drástica el costo fiscal del esquema actual, focalizar la asistencia estatal exclusivamente en los sectores de mayor vulnerabilidad y modificar el sistema de financiamiento que sostiene el beneficio.
Esta propuesta forma parte de un paquete más amplio de reformas energéticas enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, el cual también contempla mecanismos para regularizar deudas en el Mercado Eléctrico Mayorista, modificaciones tarifarias generales y la eliminación de diversos regímenes promocionales vinculados a los hidrocarburos.
El debate legislativo se produce luego de reiterados cuestionamientos de la actual gestión a la ampliación territorial del régimen aprobada en 2021. Según los argumentos del oficialismo, aquella reforma desnaturalizó el espíritu original de la norma y generó un fuerte incremento de subsidios cruzados que terminaron siendo financiados por el resto de los usuarios del país.
Los cambios en el esquema y los nuevos requisitos
De acuerdo al texto del proyecto, se mantendrá el beneficio histórico para los usuarios de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna, donde continuará aplicándose de manera directa la bonificación sobre el precio del gas natural y el gas propano por redes. Sin embargo, el cambio radical operará sobre los usuarios que habían sido incorporados mediante la Ley 27.637.
A partir de la sanción de esta reforma, los hogares ubicados en las zonas ampliadas solo podrán acceder al subsidio si se encuentran inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno a fines de 2025. El nuevo esquema combinará dos criterios simultáneos para otorgar el beneficio:
- Ubicación geográfica: en zonas determinadas por su severidad climática.
- Condición socioeconómica: el nivel de ingresos del grupo familiar.
En detalle, el texto oficial establece que podrán acceder a la asistencia quienes certifiquen ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Asimismo, se mantendrá el beneficio para los hogares que cuenten con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, veteranos de Malvinas o personas con discapacidad que estén debidamente incluidas dentro del sistema SEF.
El argumento oficial: déficit y sustentabilidad
En los fundamentos enviados al Congreso, el Poder Ejecutivo sostuvo que el régimen vigente dejó de ser sustentable tras la expansión geográfica de 2021. Las autoridades advirtieron que el recargo del 7,5% que se aplica sobre el gas ya no alcanza para financiar el sistema, lo que obliga al Tesoro Nacional a realizar aportes adicionales permanentes para cubrir los costos.
El documento oficial señala también que esta falta de financiamiento genuino provocó serios atrasos en la cadena de pagos entre las empresas distribuidoras y las productoras de gas.
Finalmente, la reforma modifica la base de cálculo de la bonificación: mientras que hasta ahora el subsidio se aplicaba sobre la tarifa total de la factura —incluyendo los costos de transporte y distribución—, el nuevo proyecto limita el beneficio exclusivamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), reduciendo significativamente el monto global de la cobertura estatal.
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