Tras más de 11 horas de un debate cargado de cruces ideológicos y advertencias ambientales, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó de manera definitiva la reforma de la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, se convirtió en ley con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.
El corazón de la reforma radica en la redefinición técnica de lo que se considera un área protegida. A diferencia de la ley sancionada en 2010, que brindaba un blindaje amplio a todo el ambiente periglacial, la nueva normativa limita la protección únicamente a aquellos glaciares que cumplan una «función hídrica efectiva y comprobable».
Puntos clave de la nueva normativa
- Autonomía Provincial: Los gobernadores tendrán la facultad de determinar si las zonas destinadas a la explotación minera o hidrocarburífera aportan realmente al recurso hídrico de la región.
- Apertura a la Minería: Se autoriza la actividad en zonas periglaciales (suelos congelados) que no sean proveedoras directas de agua para la recarga de cuencas.
- Régimen de Inversiones: El Gobierno sostiene que este cambio es fundamental para destrabar proyectos de cobre y oro bajo el marco del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).
- Evaluación de Impacto: Se ratifica que cualquier actividad proyectada deberá someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa.
Un debate polarizado
Desde el oficialismo y bloques aliados, los legisladores argumentaron que la ley anterior era «antiminera» y que Argentina debe dejar de lado «lógicas retrógradas» que impiden el desarrollo económico. En contraste, las bancadas opositoras y diversas organizaciones ambientalistas alertaron sobre el riesgo que corre el agua dulce frente al avance de la megaminería. «Se está delegando en las provincias el cuidado de un recurso estratégico que es patrimonio de todos», señalaron desde la oposición.
En las afueras del Congreso, militantes ambientales se manifestaron bajo la consigna «El agua no se negocia», anticipando que presentarán recursos ante la Justicia para intentar frenar la aplicación de la norma por considerarla inconstitucional, al entender que vulnera el principio de no regresión ambiental.
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