Durante el encuentro del Gabinete nacional encabezado por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada —la primera reunión presencial con ministros en 50 días—, el Gobierno analizó la coyuntura del crédito familiar y decidió no implementar medidas de rescate para las familias endeudadas. Desde la Presidencia informaron oficialmente que, tras evaluar las principales variables macroeconómicas y el debate público sobre la morosidad, se concluyó que «los indicadores no reflejan una situación de crisis» y que se percibe una tendencia descendente en el nivel de mora.
La postura oficial refuerza los dichos previos del Presidente, quien días atrás volvió a desestimar el impacto del sobreendeudamiento atribuyendo el uso del crédito a decisiones de consumo personal. En discursos recientes, la gestión libertaria remarcó que las dificultades con los compromisos financieros obedecieron a comportamientos particulares y no al rumbo de la política económica.
El escenario de endeudamiento privado
La decisión del Gobierno de descartar políticas de alivio se da en un contexto de creciente preocupación social e intervenciones de centrales obreras como la CGT, que han llevado el reclamo a las calles.
A diferencia del diagnóstico de Balcarce 50, diversos relevamientos de mercado y organismos económicos exponen tensiones en el presupuesto familiar:
- Muestra de Deudores del Banco Central: Los registros del sistema financiero nacional marcan que más de 20 millones de personas poseen algún tipo de compromiso crediticio o deuda contratada.
- Plataformas de pago y billeteras virtuales: Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó un importante salto en la tasa de mora mediante instrumentos digitales de pago, la cual registró una suba sostenida al pasar del 7,3% registrado en noviembre de 2024 al 30,1% hacia mediados de 2026.
- Destino de los préstamos: Consultoras de opinión pública, como Opina Argentina, advierten que cerca de la mitad de los usuarios consultados acudieron al financiamiento crediticio o la tarjeta de crédito para afrontar consumos de primera necesidad y gastos cotidianos, tales como servicios y alimentos.
Pese al pedido de sectores de la oposición y de organizaciones sociales para articular líneas de crédito blando o postergación de vencimientos, el Ejecutivo ratificó su postura de mantener la disciplina fiscal y no intervenir sobre el mercado crediticio privado.
Con información de LPO

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