El Gobierno reglamentó por decreto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El Gobierno publicó en la medianoche del viernes en el Boletín Oficial el decreto 516/2021, a través del cual se reglamenta la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (27610, sancionada el 30 de diciembre de 2020) y estableció como autoridad de aplicación de la norma al Ministerio de Salud de la Nación.

Con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y las ministras Carla Vizzotti (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), el decreto 516 contiene sólo tres artículos, aunque el primero de ellos es el más importante porque aprueba el anexo con las reglamentaciones de la ley aprobada en el Congreso.

El anexo en cuestión contiene los detalles de la reglamentación «del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la Atención postaborto» y lleva la firma de la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado.

Dicha reglamentación precisa de qué manera se va a llevar a la práctica el «ejercicio del derecho a la confidencialidad» como también se establecen «las condiciones de otorgamiento del consentimiento informado».

También se dispone cómo se aplicará el contenido de la ley 27610 en el marco de «la situación de las personas con capacidad restringida» y se fijan cuáles serán «los supuestos en los cuales los o las profesionales de la salud no podrán alegar objeción de conciencia».

En el caso de la objeción de conciencia, se establece que «el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de emergencia, cuando la práctica deba realizarse en forma urgente, pues su no realización inmediata pondría en riesgo la salud física o la vida de la persona gestante».

Otra de las obligaciones que establece la reglamentación es «el deber de confidencialidad» que debe cumplir «toda persona que acceda a la documentación clínica de las prestaciones reguladas» por la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, por lo cual ningún profesional de la salud «podrá entregar información obtenida en el marco de la atención sanitaria a ninguna persona, salvo que exista orden judicial expresa».