La detención del periodista Fernando Ojeda ha trascendido las fronteras provinciales para convertirse en un foco de polémica nacional. El hecho, ocurrido en la localidad de Margarita Belén, pone bajo la lupa el accionar del gobernador Leandro Zdero y de la Policía del Chaco, en un contexto de creciente tensión por denuncias de aprietes y restricciones a la libertad de expresión.
Los hechos: una entrevista fallida y un arresto inmediato
El incidente se desencadenó mientras Ojeda, comunicador del medio TV Local, realizaba una transmisión en vivo durante una actividad oficial. Al acercarse al mandatario radical para consultar sobre temas de alta sensibilidad pública —como la cláusula gatillo adeudada a los docentes, el caso de la falsa médica en Quitilipi y la crisis hídrica local—, la respuesta de Zdero fue tajante: calificó al cronista de «militante kirchnerista» y evitó las preguntas.
Minutos después de este cruce, el personal policial procedió a la aprehensión del joven. Ojeda fue trasladado a la comisaría local, donde permaneció privado de su libertad desde las 18:00 horas del miércoles hasta la madrugada del jueves.
La figura legal: el cuestionado Artículo 60
El informe oficial de la fuerza de seguridad justificó la detención alegando que el periodista buscaba «promover desorden» y que había «violado el perímetro de seguridad» del gobernador. La causa quedó encuadrada bajo el artículo 60 del Código de Faltas provincial, una normativa señalada por su ambigüedad al referirse a «perturbaciones».
Dato clave: Este artículo prevé sanciones que van desde multas económicas severas hasta los 30 días de arresto, lo que representa una herramienta de presión directa sobre el trabajo periodístico en la provincia.
Repercusiones y alerta democrática
La viralización de los videos, donde se observa que el trabajador de prensa solo intentaba ejercer su labor, generó un efecto dominó en medios nacionales y organizaciones de libertad de prensa. Sectores de la oposición y gremios de comunicación denuncian que Zdero no solo replica el modelo de ajuste económico nacional, sino que también adopta un esquema de persecución a las voces críticas.
Este episodio deja un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo en el Chaco, encendiendo las alarmas sobre el uso de las fuerzas de seguridad como barrera ante el escrutinio público y la rendición de cuentas de los funcionarios.
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