Kicillof intimó a Mercado Libre y evalúa una multa millonaria por cláusulas abusivas

El gobierno de Axel Kicillof subió la tensión con el sector empresarial al intimar formalmente a Mercado Libre. A través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, conducido por Augusto Costa, la gestión bonaerense abrió una actuación de oficio para analizar los términos y condiciones del «ecosistema MELI», incluyendo las pautas que rigen para los préstamos personales y las compras a través de Mercado Pago. Tras la fiscalización, la Provincia advirtió que la plataforma podría recibir una multa de hasta 1.815 millones de pesos en caso de no suprimir una serie de cláusulas consideradas «abusivas» que atentan contra la Ley de Defensa del Consumidor.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que este procedimiento de oficio se inició de forma independiente al fuerte incremento de las denuncias particulares. En los primeros cuatro meses de 2026, las presentaciones individuales contra la compañía alcanzaron las 2.396 demandas en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, cifra que posiciona a Mercado Libre como la empresa que acumula la mayor cantidad de reclamos en el territorio. Por lo pronto, la firma del empresario Marcos Galperín cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo por escrito y acreditar su personería jurídica en la ciudad de La Plata.

Los puntos bajo la lupa del Ministerio

La investigación liderada por los técnicos de Augusto Costa identificó más de diez cláusulas contractuales con presuntas infracciones legales, argumentando que consagran un marcado desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes, siempre en perjuicio directo del usuario. Entre los principales aspectos observados se destacan:

• La indeterminación en el cobro de tarifas y la aceptación tácita de modificaciones contractuales.
• El traslado de la responsabilidad al usuario por el uso no autorizado de su cuenta y los mecanismos de compensación económica entre cuentas.
• El establecimiento de cláusulas de indemnidad a favor del proveedor y la exoneración anticipada de responsabilidades por fallas técnicas.
• La aplicación de débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato y la caducidad automática de plazos ante incumplimientos futuros indeterminados.
• La fijación de una jurisdicción exclusiva para resolver conflictos legales, lo que limita el acceso a la justicia de los consumidores locales.

Un historial de tensiones políticas y judiciales

Este nuevo frente de conflicto se suma a una relación históricamente tirante entre el mandatario provincial y el fundador de la plataforma. El año pasado, Kicillof y Galperín protagonizaron un cruce mediático luego de que el empresario respaldara acusaciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre la supuesta creación de un impuesto bonaerense a las billeteras virtuales, versión que fue desmentida de forma categórica por la administración platense.

En paralelo a su sintonía ideológica con el gobierno de Javier Milei, Galperín mantiene abierto otro frente judicial de envergadura en La Matanza, distrito conducido por el intendente Fernando Espinoza. En 2024, la comuna clausuró la construcción de un nuevo centro de almacenamiento de Mercado Libre —valuado en 75 millones de dólares— por carecer de habilitación municipal.

Aunque los trabajos de la megaobra de 56 mil metros cuadrados se reanudaron de manera provisoria gracias a una medida cautelar, el municipio apeló la decisión y el conflicto legal sigue latente. Mientras la desarrolladora Plaza Logística y la firma MELI LOG S.R.L. desconocen el poder de policía de la intendencia alegando que la competencia es de la Corporación del Mercado Central, la gobernación de Kicillof activa ahora un millonario mecanismo de control de consumo que promete profundizar la disputa.

Con información de LPO