Una nota periodística con citas a «su entorno» y un enigmático mensaje en su última sesión, sumaron a la senadora Anabel Fernández Sagasti como posible ministra de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo, quien ya presentó la renuncia pero dejó su despacho vacío.
La ahora candidata a ocuparlo es ni más ni menos que la mano derecha de Cristina Kirchner en el Senado, vicejefa del bloque del Frente de Todos, una de las denunciantes del lawfare y activa en cada comisión a cargo de definir temas vinculados a la justicia.
Preside la de Acuerdos, encargada de nombrar a los magistrados; y la bicameral que define cuándo y cómo aplicar el Código Procesal Penal. Su mandato vence en diciembre y si bien puede renovarlo con un segundo puesto en Mendoza, no le espera una elección fácil: su imagen negativa no baja del 50% y podría sufrir una derrota similar a la de la última elección para la gobernación, cuando quedó 15 puntos abajo del radical Roberto Suárez.
Fernández Sagasti es la mano derecha de Cristina Kirchner en el Senado, vicejefa del bloque del Frente de Todos y una de las más activas en denunciar el lawfare y forjar el nuevo perfil de justicia que pretende la vicepresidenta.
Con ese dato, en «su entorno» le señalaron al diario MDZ online que un «plan B» podría ser desembarcar en el gabinete y evitar las elecciones de este año. «Si no dan las encuestas está la opción de que sea ministra, pero hay que consensuarlo con el presidente», fue la frase que dejó filtrar la senadora en su tierra.
En el cristinismo desconocieron el motivo de tamaña confesión, pero tampoco tienen datos de quién reemplazará a Losardo. Alberto tiró un tendal de nombres, como el de Marisa Herrera, una abogada que se define como kirchnerista e integró la comisión creada por Alberto Fernández para elaborar una hoja de ruta de reforma de la justicia, que hasta ahora no ha concretado nada.
El nombre inicial había sido el de Martín Soria, diputado y también activo denunciante del lawfare, pese a haberse enfrenado al kirchnerismo local en Río Negro, un dato que al presidente le interesó destacar en su reportaje televisivo del lunes.
El embajador en Uruguay, Alberto Iribarne, muy cercano al presidente y el diputado massista, Ramiro Gutiérrez parecieron completar los cupos del Frente de Todos en la paleta de aspirantes a un cargo que está vacante.
Se necesitan dirigentes valientes que entiendan la función pública para la cual fueron votados y designados.
También se mencionó al viceministro Juan Martín Mena, ex vicejefe de la Agencia de Inteligencia (AFI) en tiempos de Cristina y uno de sus principales referentes en temas judiciales. El secretario de Derechos Humanos es Horacio Pietragalla, de La Cámpora. Y el servicio penitenciario lo interviene Laura Garrigós de Rébori, recordada por ser la primera presidenta de Justicia Legítima, la agrupación de jueces kirchneristas.
No cualquiera querrá desembarcar sobre esa estructura, sacudida por las denuncias de Cristina y sus legisladores afines a la Corte Suprema y el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, que Losardo siempre prefirió ignorar. Pero la demora de Alberto en nombrar un sucesor ya está afectando su liderazgo, según la lectura que hacen en la propia Casa Rosada.
En el Senado nunca le perdonaron a la ministra que ni siquiera levantara la voz para defender su propia ley de reforma judicial, aprobada en esa Cámara y congelada en Diputados. Fernández Sagasti no tendría problemas en sustituirla, porque tal vez habla más seguido que nadie con Cristina, de quien fue compañera de bloque en el Senado entre 2017 y 2019.
El jueves, levantó el tono en el recinto para defender el pliego como camarista federal de Roberto Boico, ex abogado de Cristina. Pero en lo que parecía ser un descargo a la oposición dejó una frase que pareció dirigida a Losardo.
«Debemos trabajar reglas de juego democráticas en este Congreso que nos permitan tener un Poder Judicial vinculado a los intereses de los justiciables. Y para eso tenemos que ser valientes. Se necesitan dirigentes valientes que entiendan la función pública para la cual fueron votados y designados», disparó. Los dirigentes «designados» no eran justamente sus senadores rivales.
Además, anunció un proyecto de ley para sumar como causal de recusación a los jueces la falta de «perspectiva de género», suficiente para arrinconar a buena parte de Comodoro Py.
Si Fernández Sagasti decidiera desembarcar en el Gabinete, poco sentido tendría que se sometiera a un desgaste de encabezar una larga campaña en Mendoza, sobre todo porque no tendría demasiados problemas en definir la cabeza de la lista porque es la dueña de la lapicera del peronismo mendocino.
Es presidenta del PJ local, del que se adueñó en 2019 cuando le ganó sorpresivamente la interna a Alejandro Bermejo, quien luego encontró un lugar en la lista de diputados nacionales, ganó una banca pero renunció hace quince días por motivos desconocidos.
Claro que sin una banca ganada en las urnas, su destino dependerá de los vaivenes del Gobierno, un escenario complejo para quien sigue con la ilusión de gobernar Mendoza.
Fuente Lapoliticaonline.com
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