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Paro general de la CGT: qué entidades apoyan y rechazan la medida de fuerza

En la antesala de la huelga impulsada por la central obrera, se multiplicaron las adhesiones sindicales y, en simultáneo, el rechazo generalizado de las cámaras empresariales al cese de actividades. Los argumentos de cada bando.
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En vísperas del primer paro general que experimentará el gobierno de Javier Milei a 44 días de haber asumido, el sindicalismo y las cámaras empresariales expresaron posturas contrapuestas acerca de la necesidad de realizar una medida de fuerza.

El cese de actividades con movilización que tendrá lugar este miércoles 23 de enero fue impulsado por la Central General del Trabajo (CGT) en rechazo de las reformas laborales contempladas en el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley Ómnibus que el oficialismo envió al Congreso de la Nación.

La convocatoria de la CGT obtuvo múltiples adhesiones y respaldos de gremios de todo el país que se sumaron al reclamo. En simultáneo, distintas entidades que nuclean a empresas salieron a manifestarse en contra de la decisión adoptada por el gremialismo, que también recibió el apoyo del peronismo en su conjunto.

Paro general: sindicatos unidos contra el DNU de Milei

A pesar de la cercanía que mostró Armando Cavalieri con el Gobierno, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se sumó a la iniciativa “en favor de los empleados mercantiles y de todos los jubilados del país, en contra de las medidas desmesuradas que el Gobierno Nacional quiere llevar adelante contra los trabajadores, nos movilizamos embanderados con la consigna: Aumento ya para los jubilados”.

Al mismo tiempo, Cavalieri exigió “una paritaria libre que logre ganarle a la inflación, logrando así el bienestar de todos los empleados de comercio”, en un contexto de inflación que viaja a una velocidad que oscila entre el 18% y 20%, según estimaciones privadas.

Por su parte, la Asociación Bancaria de Sergio Palazzo también adhirió «al plan de lucha» dispuesto por la CGT. «No estamos dispuestos a validar un ajuste sin precedentes que recae únicamente sobre los trabajadores/as, los jubilados/as y que afecta al pueblo en su conjunto», explicaron.

En tal sentido, señalaron que el Estado «debe garantizar la igualdad y proteger siempre al más débil, para que no se vean cercenados sus derechos» y «no se está en igualdad de condiciones si nadie regula ni garantiza equilibrio en una negociación entre partes, cualquiera sea la índole».

«Consideramos que es un avasallamiento a la Constitución Nacional y un sinfín de atrocidades que pretenden desregularizar la economía en nombre de la libertad, teniendo como único objetivo realizar un salvaje ajuste que afecta a todo el pueblo argentino en beneficio de unos pocos privilegiados», acotaron.

En la misma línea se pronunció la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que definió que comenzará el paro de 24 horas a partir de las 0 del miércoles, y «será abarcativo de los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales». 

“Que Bullrich no se ilusione porque no va a poder aplicar ningún protocolo. Mañana vamos a ser una multitud y no vamos a caminar obedientes y por la veredita como quiere el Gobierno”, advirtió el Secretario General, Rodolfo Aguiar, en declaraciones radiales.

A la vez, el dirigente gremial aseguró que “la Administración va a estar toda paralizada, no sólo en el Estado Nacional, sino también en las provincias y municipios”. “Sólo se van a garantizar guardias mínimas en servicios esenciales, y en el caso de organismos con atención a jubilados se abordarán únicamente las emergencias que puedan surgir durante toda la jornada», agregó.

Además, el miércoles marcharán los trabajadores de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en defensa de los «derechos» y en señal de repudio al DNU y la ley Ómnibus “que a todas luces son inconstitucionales”.

«Como ya anticiparon por distintos medios, UATRE le dice ‘No a la Reforma Laboral’ porque el DNU que intenta imponer el nuevo gobierno ‘daña de manera irreversible los derechos y los beneficios que estos traen para nuestros trabajadores rurales y sus familias'», remarcaron desde el gremio.

Cámaras empresariales en contra del paro general

Del bando opuesto se paró la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), que cuestionó mediante un comunicado el paro general y objetó la «diferencia de criterio de los convocantes para con el actual gobierno respecto del que encabezó el ex presidente Alberto Fernández».

“En vísperas del primer paro general que se realizará contra la gestión de Javier Milei como Presidente de la Nación, la CAC quiere poner énfasis en señalar la diferencia de criterio manifestada por aquellos sectores que adhieren a la jornada de reclamo, pero que no realizaron manifestación alguna durante los cuatro años en que Alberto Fernández ejerció el Poder Ejecutivo”, consignaron.

Bajo la perspectiva de las autoridades, durante la gestión del Frente de Todos “el crecimiento de la pobreza y la inflación, con su consecuente deterioro del poder adquisitivo, fueron constantes” y recalcó que las medidas de fuerza se llevan adelante “a sabiendas de que el 56% de los ciudadanos acompañó en las urnas sus propuestas, aunque estas no auguraban meses de bonanzas, sino de un costoso pero necesario reacomodamiento macroeconómico”.

A su turno, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró que el plan de la CGT «conllevará una pérdida económica mayúscula para el país«.

“Nuestras pymes necesitan trabajar, ya que sin trabajo no hay ingresos. Cada mes debemos hacer frente a las erogaciones fijas de nuestros negocios. Las pymes somos las principales generadoras de empleo registrado”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.

El parate ocurrirá en un marco de caída del consumo y la industria pyme. Según datos de la entidad empresarial, las ventas minoristas registraron una caída interanual de 13,7% en diciembre y la retracción de diciembre fue de 3,4%.

“Somos respetuosos de las decisiones del sindicalismo y del derecho a huelga. Entendemos y compartimos la incertidumbre imperante y la angustia que afecta a buena parte de nuestra población, pero no creemos que un paro sea el instrumento que vaya a revertir esta situación”, añadió.

La Red Super Argentinos, que une a la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y a la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), declaró su apoyo al DNU del Gobierno «en general, y en particular, en lo referido a la reforma laboral, imprescindible para el normal desenvolvimiento de las empresas privadas, especialmente de las PyMEs, indiscutibles generadoras de inversión y creadoras de empleo».

«Apoyamos la producción y el trabajo, por eso, más allá de respetar el legítimo derecho a huelga de los trabajadores, consideramos inoportuno el paro de actividades convocado para el próximo 24 de enero. Entendemos que la forma de recomponer el salario (una necesidad urgente) es produciendo, invirtiendo y generando empleos formales, algo totalmente opuesto a lo que provoca un paro general», rescataron.

Desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) argumentaron que “en el contexto actual, convocar a un paro general resulta especialmente inconveniente al entorpecer cualquier atisbo de reactivación del transporte de cargas”.

“Nuestro sector va camino a una situación recesiva que debemos evitar por todos los medios. Parar la actividad no hará más que profundizar la crisis que vivimos, porque el día después no surgirán soluciones a partir de esa medida, más allá de las estadísticas e interpretaciones que se hagan desde los diferentes lugares que se ocupen. Por ello, una vez más, reiteramos el valor y la importancia del diálogo como vía primordial para construir un país con más y mejores oportunidades para todos”, razonó el titular de FADEEAC, Roberto Guarnieri.

Por último, el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, sostuvo que «la realización de un paro en este momento resulta una modalidad que perjudica la producción, y se suma a los perjuicios que la situación actual está ocasionando en nuestro sector, tales como el aumento de costos en las obras, la escasez de insumos en la cadena de valor y el complejo escenario de desaceleración e inflación».

«Respetamos la legitimidad y el derecho a efectuar reclamos en un marco de convivencia democrática, pero creemos que en este momento sería importante priorizar otras metodologías que eviten afectar aún más los niveles de actividad, mientras se produce el debate en los espacios correspondientes», cerró Tabakman.

Fuente Perfil