Piden que se reconozca el genocidio sobre los pueblos originarios en la Patagonia

El genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia en el marco de la Campaña del Desierto (1878-1890) llegó a la Justicia argentina: Ivana Noemí Huenelaf, mujer mapuche-tehuelche, presentó la denuncia ante los Tribunales Federales de Retiro.

La mujer apeló a documentación del Estado argentino donde consta que las acciones cometidas entre los años 1878 y 1890 en el sur del país constituyeron un plan sistemático de exterminio sobre la población indígena.

Así lo expresó en diálogo con Télam el abogado Fernando Cabaleiro, quien representa a Ivana Noemí Huenelaf, que el martes pasado denunció el tema en la Justicia y ratificó al día siguiente la demanda penal, con el objetivo de que se realice un juicio de la verdad que ponga luz sobre los hechos ocurridos hace más de 100 años en los que el Estado fue responsable.

«Es prioritario que haya un reconocimiento respecto de que esto fue un genocidio. La ‘Campaña del Desierto’, como fue llamada, se trató de un plan sistemático de exterminio, algo que surge de la propia documentación que posee el Estado», afirmó el letrado.

«Es prioritario que haya un reconocimiento respecto de que esto fue un genocidio. La ‘Campaña del Desierto’, como fue llamada, se trató de un plan sistemático de exterminio, algo que surge de la propia documentación que posee el Estado»

El abogado, que representa también a la ONG Naturaleza de Derechos, amplió que «la demanda contiene información que forma parte del repositorio del Conicet, es decir, que el propio Estado que ya tiene la información. Lo que hicimos nosotros fue llevarlo a la Justicia», aclaró.

El caso está ahora en las manos del juez federal Daniel Rafecas e interviene el fiscal Ramiro González.

Cabaleiro añadió que. entre la documentación presentada. figura «nada más y nada menos que una ley nacional (Ley N°947) que insta a la matanza así como el discurso presidencial de Nicolás Avellaneda, que se refiere en los mismos términos».

«Allí se muestra que había un plan para eliminar las etnias que habitaban la región, y se observa que se trató de una política de Estado», afirmó.

El letrado agregó que se hablaba «tanto en esa ley, que financiaba la campaña, como en el discurso presidencial, de ´limpiar La Pampa y la Patagonia’, y hasta se enumeraban 20 mil almas, de las cuales, cuando luego se hicieron las expediciones muchas murieron, al margen de las 14 mil personas que fueron confinadas en campos de concentración».

«Por otra parte, los que lograron sobrevivir, muchas mujeres niños y niñas, fueron sometidos primero a desplazamientos forzosos y luego a trabajos forzosos como si fueran esclavos«, puntualizó.

A la presentación de la documentación oficial se le sumó en la denuncia el trabajo de «historiadores y especialistas, tesis doctorales al respecto», y obra como antecedente el juicio de la verdad sobre la Masacre de Napalpí, donde recientemente el Estado admitió que se trató de un genocidio.

«Sin duda, Napalpí abre un camino de reparación que tiene que ser continuado, por eso esperamos que la Justicia obre en este caso en consecuencia», afirmó Cabaleiro.

Pruebas del genocidio

Otro de los elementos de los que surge que la Campaña del Desierto se trató de un genocidio «se puede observar en las cartas del expresidente Julio A. Roca al exministro de Guerra Adolfo Alsina, quien propuso un plan de acción que consistía en hacer avanzar la frontera sur haciéndose de lugares estratégicos y fundando nuevas poblaciones o guarniciones militares».

En tanto, sobre la denunciante, Ivana Noemí Huenelaf, el letrado precisó que se trata de una mujer que «está muy comprometida con la reivindicación de los derechos indígenas y el pueblo mapuche».

«Ella tiene plena legitimación para denunciar el hecho, por su condición de mapuche tehuelche, por su ancestralidad, y porque sus abuelos fueron despojados de sus tierras y sometidos a esclavitud y asesinados», precisó Cabaleiro.

Frente a este panorama, dijo que tienen «esperanzas en que se pueda realizar un juicio de la verdad sobre este tema porque en la Argentina ya se avanzó, por ejemplo, con el proceso del franquismo, también con lo fue con la declaración de genocidio sobre la comunidad armenia, y ahora lo de Napalpí», enumeró.

Sobre todo, dijo, «en momentos en que se vuelve a presentar el tema mapuche como una amenaza, como vimos en la última inauguración de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde se habló de los ‘problemas de los terratenientes'».

«Es increíble que pasados más de 100 años se siga utilizando el mismo discurso, que lo sigan haciendo los mismos actores ya que la sociedad terrateniente fue la que financió la Campaña del Desierto, y luego de la matanza y el desplazamiento de las comunidades fueron quienes se repartieron las tierras», apuntó el letrado.

La denuncia indica que el Juicio por la Verdad es necesario «a los fines de que se investigue la comisión de hechos atroces que encuadran dentro de la figura de genocidio: torturas, fusilamientos, desapariciones forzadas y abandono de personas, apremios ilegales, traslados forzosos, disposición y reducción a servidumbre de personas y sustracción de menores«, según la denuncia publicada por el portal Presentes.

Allí, la periodista Adriana Meyer relató el sentir de la denunciante al ingresar esta semana a los tribunales: «Siento el Newen (fuerza espiritual) porque es muy importante para mi pueblo. Se va tejiendo esto. Hay jueces y fiscales que nos pueden llegar a escuchar, es un gran paso que se gesta con la resistencia».

En esa misma línea, agregó: «No venimos con rabia, sino con dolor para sanar esas heridas, con la sabiduría y el conocimiento de la Mapu (Madre Tierra), con gente que cree en nuestra causa».

«No venimos con rabia, sino con dolor para sanar esas heridas, con la sabiduría y el conocimiento de la Mapu (Madre Tierra), con gente que cree en nuestra causa»

«No es sólo una etnia sino todos en comunidad, con Norita Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) que va a ser testigo de concepto si nos aceptan como querella. Su genocidio fueron 30 mil víctimas, el nuestro fueron 20 mil, van a tener que acostumbrarse a ese número», agregó.

Huenelaf, a sus 49 años, ya vivió en carne propia la «represión de la Lof en Resistencia de Cushamen en 2017, cuando sus miembros fueron perseguidos por la Gendarmería», relató el abogado a Télam.

También fue «baleada, perseguida y detenida junto a un grupo de compañeros. Todo bajo el mando de policías de Chubut, en complicidad con empleados de Benetton, empresario extranjero que las acusó de robo de ganado y de portar explosivos. Años más tarde fueron absueltas porque se demostró que les habían plantado las pruebas», finalizó Cabaleiro.

Fuente: Télam