Civallero, de la UBA: “El maleducado del Presidente dice que queremos un golpe de Estado”

Por Guillermo Lipis

Para Manuel García Solá, vicerrector de la Universidad del Chaco Austral, el desfinanciamiento universitario muestra «un nivel de autoritarismo y arbitrariedad equivalente a la metodología de los golpes de Estado». Agregó García Solá: «Si se despertaran Von Mises o Hayek se horrorizarían del nivel de estatismo y autoritarismo en el manejo del Estado» por parte de Javier Milei. «La ideología profunda de este grupo es la ‘Ilustración oscura’ que pregona la necesidad de triturar todos los mecanismos estatales de democratización en e acceso al conocimiento». El chaqueño fue una de las voces del jueves 15 de octubre, día en que todas las ciudades del país adhirieron activamente a la Quinta Marcha Federal Universitaria en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en protesta por el atraso de los salarios docentes y no docentes y el deterioro del sistema nacional del conocimiento.

La marcha estuvo relacionada también con el infructuoso intento de debatir sobre el Presupuesto 2027 y la sesión especial para tratar temas como la morosidad, la emergencia en discapacidad y el rechazo del DNU 70/23. Pero la sesión fracasó debido a la estrategia libertaria con los bloques de los gobernadores aliados y el inusitado cambio de 180 grados en la inclusión de límites a la venta de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El fondo de la cuestión

Uno de los principales nudos del conflicto sigue estando en la diferencia entre los fondos previstos por el Gobierno nacional y los que las autoridades universitarias consideran necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones. Mientras el proyecto oficial contempla $ 7,3 billones para las universidades nacionales, desde el CIN consideran que esa cifra debe ascender a $ 11 billones para cubrir gastos y pago de haberes.Así que el centro del reclamo será la exigencia de cumplimiento efectivo de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso luego de que el Senado insistiera con su sanción tras el veto presidencial.

Civallero, que además de su puesto específico en la UBA actúa como uno de los voceros de la casa de altos estudios, dialogó con Y ahora qué.

–¿Cómo se llegó a esta marcha y cuál es la estrategia de acá al 2027?

—Civallero: La primera premisa es que se cumpla la ley. Es lo que fue diciendo la justicia hasta el último fallo. Todo indica que el planteo que hacemos es coherente, que la ley tiene que cumplirse y que lo inconstitucional es el planteo del Gobierno. Ya hicimos la tarea de preguntar a la sociedad si la universidad y la ciencia son un activo a cuidar y proteger, y la respuesta fue contundente, así que no nos queda otra más que esperar que se cumpla la ley, porque no tenemos una estrategia electoral atrás de esta discusión.

–Las universidades forman parte del sistema científico argentino, no solo se ocupan de formar profesionales.

—Civallero: Algo que se dice poco, y para mí hay que ponerle más énfasis, es que la forma que tuvo la Argentina de financiar ciencia en los últimos 30 años fue a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia I+D+i), un organismo típico en cualquier sistema nacional de innovación que tiene tres actores principales: el Ejecutivo gubernamental, que plantea la mirada prospectiva de hacia dónde debería ir el desarrollo tecnológico en función de una estrategia de país, de sus recursos naturales, etcétera. El ente que financia esa idea de largo plazo; y luego un conjunto de actores que ejecutan dicha política, que son las universidades, CONICET, INVAP, INTI, CONEA, CNAE, etc. El segundo actor, que promociona la agenda científica, hoy desapareció, no existe. Era el que ejecutaba los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y como los fondos no salían del presupuesto nacional, no es verdad que la ciencia atenta contra la estrategia de déficit fiscal del Gobierno. La mayor cantidad de la ciencia básica aplicada y el cambio estructural se financiaba con fondos del BID.

–¿Y dónde están esos fondos?

—Civallero: No quiero hacer un doble clic tan preciso, pero en muchos casos los contabilizaron como reservas. Una reserva indebida porque son fondos enviados por un organismo multilateral de crédito para un uso específico. Así que, por un lado, incumplen con la Ley de Presupuesto Universitario y, por otro, no entregan los fondos adjudicados desde organismos internacionales con una afectación directa.

–Bajo estas condiciones, ¿qué estrategia tienen para llegar a las elecciones presidenciales del año que viene? ¿Cómo aguantará la universidad pública?

—Civallero: Somos muy cuidadosos de lo que planteamos, porque rápidamente el maleducado de nuestro Presidente plantea que hay intentos de golpe de Estado. Pero la realidad es que hoy la ciencia argentina no es la misma que teníamos hace cuatro años. La fuga de cerebros es una realidad, igual que el achicamiento de los laboratorios. Algo muy sensible también, y muy caro para nosotros y que quizás pasa desapercibido, es la generación de vocaciones científicas porque hay menos jóvenes que eligen la carrera científica.

–¿Por qué?

—Civallero: Porque las becas y las estrategias de sustentamiento de recursos humanos son paupérrimas y porque hay una persecución a la ciencia. De acá, al 2027, no tenemos mayores ni mejores herramientas que explicar a la sociedad la relevancia de esto.

–Pero más allá de explicar la relevancia, ¿cómo llegan las universidades para no dejar de dar clase?

—Civallero: Esta dinámica de paros y de reclamos nos afecta hace muchos años y no vemos cómo se va a poder frenar de acá al 2027. Está lejos de dejar de ser una amenaza porque los profesores nos dicen que no llegan a fin de mes y los docentes full time renuncian y se van al mundo privado. Como pasa en el cien por cien de los países desarrollados, a la ciencia básica la financia el Estado. Es mentira que el privado financia esa ciencia porque esos capitales financian la ciencia orientada a la innovación incremental, es decir cosas con un fin específico direccionado al mercado. Toda la inversión de largo plazo que tiene incertidumbre (como pueden ser medicamentos oncológicos, nuevos desarrollos de materiales o nuevas tecnologías de extracción de gas, todas cosas de largo plazo) no las financia el privado, eso es mentira. Pero volviendo a su pregunta, estamos dando clase como podemos, intentando minimizar los paros porque nos parece que la discusión hay que darla con los docentes adentro del aula y con los pibes aprendiendo. Y porque le estamos diciendo a la sociedad que están rompiendo algo que funciona, y eso es la universidad pública.

–O sea que existe un riesgo real de que el año próximo no empiecen las clases o comiencen con una disminución drástica de horas cátedra y que se sigan deteniendo más proyectos de investigación.

—Civallero: El Departamento de Computación de las Facultades de Ciencias Exactas, para hablar de cosas que pasaron este año, no dio clases durante todo el primer cuatrimestre.

–¿Por falta de presupuesto para la hora cátedra o por deficiencias tecnológicas?

—Civallero: Principalmente debido al reclamo salarial docente.En la UBA el mismo profesor full time, que a la mañana está en un laboratorio investigando, a la tarde está dando clases. Por eso, a la UBA nos golpea desde la investigación y la docencia. En otras universidades, donde puede haber profesores que van a dar clases y se van, esto impacta distinto, pero en nuestras carreras más cientificistas, como Farmacia y Bioquímica, en algunas de ingeniería, en Exactas o en Medicina, por citar algunos ejemplos, ese profesor y docente investigador es el primero que empieza a golpearse.

–¿Qué parte del funcionamiento académico está hoy en mayor riesgo por esta falta de presupuesto?

—Civallero: No quiero ser tan rotundo, pero puedo decir algunas cosas. Una es que producto de la renuncia de docentes, en muchos cursos se modificó la relación docente-alumno. Antes tenías un profesor y dos ayudantes por cátedra. Hoy los ayudantes no van más a la facultad porque no pagan ni el colectivo con su salario, y aunque tengan la camiseta puesta, la gente tiene límites. Esa pérdida de relación docente-alumno hace que los estudiantes tengan una peor experiencia de cursada. Lo segundo, es que muchos investigadores full-time, de nuestros mejores docentes, hoy son parte de esta fuga de cerebros y se marchan a las universidades privadas o a otro país. Y eso también hace que el mismo trabajo docente recaiga en otros profesores, que impacta en la formación de los jóvenes y en la calidad académica de las facultades. Y algo que está vinculado con lo anterior: como las becas de posgrado y maestrías estaban vinculadas a la Agencia I+D+i, al no haber proyectos no hay becas, y estos doctorandos son los ayudantes en las materias. Estos perfiles también se están perdiendo porque si no hay proyectos, no tenemos becarios doctorales, así que tenemos menos personas en los laboratorios y, por ende, menos gente enseñando.

–¿Tienen registrado qué cantidad de personal se marchó a partir de esta crisis?

—Civallero: Hicimos algunos números, y también somos prudentes en contar esto, pero hay facultades que evidencian hasta un 25% de docentes que renunciaron. Si querés un número concreto, antes de terminar el gobierno anterior, la UBA tenía cerca del 15% de los proyectos adjudicados por la agencia I+D+i, eso significaba unos 155 proyectos en los que había unos 155 becarios doctorales que iban a desarrollar su carrera científica, 155 docentes de la crema de la Universidad de Buenos Aires que hoy no están porque esos fondos asignados nunca se ejecutaron.

–¿Dónde está esa gente?

—Civallero: O se fue al mundo privado, o a otro país, o dejó la universidad.

–¿Es irrecuperable para la UBA ese personal?

—Civallero: Creo que no, porque nuestro gen científico y el deseo de hacer ciencia es muy grande. Se puede recuperar, aunque cada vez cuesta más porque hoy perdimos al becario y después al director del laboratorio. Y también tenemos un problema que puede ser más sensible que el presupuesto, que es cómo se reinstala en la sociedad la vocación científica.

–¿Cómo se encara el tema de la vocación científica en otros países?

—Civallero: En algunos es obligatorio que en los guiones de las novelas emitidas por canales públicos haya siempre un personaje de científico o una científica exitosa para instalar ese rol como importante para la sociedad. China, por ejemplo, hoy sostiene una campaña con cartelería en los lugares centrales en los que exponen la trayectoria de científicos o científicas. En el medio de una guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, la respuesta es ciencia y tecnología, no es gritos y redes sociales.China esto lo entiende muy bien, y está poniendo eso en valor y fomenta las vocaciones científicas, cosa que Argentina no hace.

Manili: “están destruyendo lo que hace progresar a un país”

Pablo Manili, abogado constitucionalista y apoderado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) explicó, desde su cuenta de Instagram, la situación de la pelea por el presupuesto universitario. Textualmente, dijo que hay “que dividir el análisis en dos carriles paralelos. Uno es la medida cautelar y el otro carril es la discusión de fondo. Desde el CIN, iniciamos una acción en el mes de octubre del año pasado en nombre de 59 universidades nacionales de todo el país, de todos los docentes y no docentes. En el mes de diciembre conseguimos una medida cautelar para que el Gobierno, en forma urgente, cumpla al menos, dos artículos de la ley, porque el gobierno se negaba a cumplirla toda la ley, un disparate único en la historia argentina de que un presidente suspenda una ley por decreto y se niegue a cumplirla”.

Siguió Manili: “Esa medida cautelar que conseguimos en diciembre, el Gobierno no la cumplió y la apeló. La Cámara de Apelaciones la confirmó en el mes de marzo. Primero no cumplieron la ley, después no cumplieron la cautelar y la apelaron. Después la Cámara la confirmó. Cuando la Cámara nos confirma la cautelar, tampoco la cumplen y llevaron el caso a la Corte Suprema. La Corte Suprema confirmó nuevamente la cautelar en apenas 40 días, en el mes de junio. El gobierno tampoco la cumplió y hasta ahí ya llevaron cuatro incumplimientos”.

También escribió: “Tuvimos que iniciar la ejecución de la cautelar, el juez intimó al Gobierno a que la cumpla bajo apercibimiento de establecer una multa diaria por cada día de retraso en el cumplimiento y tampoco cumplieron. Quinto incumplimiento, y volvieron a apelar la intimación. El juez dio cinco días adicionales para que cumplan, esos cinco días se vencieron este miércoles 7 de octubre, y tampoco cumplieron”.

Y aquí va, textualmente, el resto de su argumentación: “Hay una medida cautelar firme, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el Gobierno no la cumple. Hay una intención deliberada de destruir la educación pública. Dije que hay dos carriles. Esta es la cautelar. Y la discusión de fondo, en la que se discute la invalidez del decreto del Presidente, fue avanzando en paralelo con la medida cautelar y la semana pasada conseguimos sentencia favorable. Se dictó sentencia de fondo en el amparo. El juez dictó un fallo muy fundado, muy meduloso, que también ya fue apelado. Son rápidos para apelar, pero no para sacar la plata. Es muy importante que el jueves la marcha sea masiva porque nosotros no estamos defendiendo los sueldos de un docente o de un no docente: estamos defendiendo la educación pública porque hay una deliberada intención de destruir lo que es educación, ciencia y tecnología. Esto que pasa con las universidades lo relacionamos con el INTA, el INTI y el CONICET, que también los están destruyendo. Hay una animosidad en contra de todo lo público, pero en este caso es la educación. Y la educación es lo que hace libre a un país, es lo que lo hace progresar. Es lo que hace que el hijo del albañil pueda llegar a ser un profesional. Son valores superiores los que estamos protegiendo”.

El documento de las universidades

En medio de un despliegue policial que con gases impidió que terminara el acto, rectores, estudiantes, sindicatos y organizaciones políticas y sociales se concentraron alrededor de la plaza de los Dos Congresos para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario en una tarde muy llovida que convocó, además, los reclamos contra el DNU 70/23, a las familias endeudadas y de las personas con discapacidad. Y, por supuesto a infiltrados que lanzaron piedras a la Policía y promovieron que el ambiente se caldeara lo suficiente como para que las fuerzas policiales iniciaran acciones represivas con gases y camiones hidrantes mientras se leía el documento consensuado por los organizadores de la marcha.

A pesar de eso, a pocas cuadras de allí se dio lectura a la declaración conjunta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina en el que se afirmó que “la quinta Marcha Federal Universitaria condensa más la voluntad de toda la comunidad universitaria y del pueblo de la Nación de defender las universidades públicas como un preciado bien estratégico. Necesitamos más universidad pública, más sistema público de ciencia y tecnología, más educación pública, más Estado garante del derecho humano a la educación y a la vida digna”.

El CIN estimó que en todo el país “más de millón de personas volvió a defender la educación, la soberanía y la democracia”.

El documento expresó “la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; sino una parte fundamental de la solución. Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social. Los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludable para sus pueblos son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles”.

“Esta nueva Marcha Federal Universitaria es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario. El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, agregaron.

Y destacaron que “el incumplimiento sistemático del gobierno nacional de las leyes con las que no acuerda ni ha promovido y de las medidas judiciales que lo obligan a efectivizarlas es la expresión de su voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia, reemplazando las funciones legislativas que son propias del Congreso de la Nación”.

Los organizadores de la marcha explicaron que “hacer ciencia es producir conocimiento, y las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que, en todas sus disciplinas, aportan al crecimiento económico y al patrimonio artístico e intelectual de nuestro pueblo… este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad argentina que siempre creyó en la educación. Es una política pública que ha sido sostenida por gobiernos muy distintos, y el reflejo de esta decisión es el presupuesto presentado por el gobierno, el más bajo de la historia en materia educativa, menos del uno por ciento del PBI. Esta es la situación que hay que revertir para el sostenimiento de la universidad y de la escuela pública”.

Por último, recordaron que “la universidad pública es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional. Sin embargo, garantizar su gratuidad no alcanza si las y los estudiantes no cuentan con las condiciones económicas necesarias para sostener sus estudios y, sobre todo, si el gobierno nacional se sigue negando a cumplir la ley”.

Fuente yahoraque.com.ar

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