Una investigación judicial dio un giro drástico este martes tras revelarse el hallazgo de borradores de un «acuerdo confidencial» que el presidente Javier Milei habría suscrito con el empresario estadounidense Hayden Davis. Los documentos, recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), sitúan la firma del convenio el 30 de enero de 2025, apenas dos semanas antes del estallido del escándalo de la criptomoneda $Libra.
Hasta el momento, el mandatario había negado sistemáticamente la existencia de cualquier contrato o vínculo formal con los involucrados. Sin embargo, la evidencia surgida del peritaje al teléfono celular de Mauricio Novelli —detenido y señalado como pieza clave en la maniobra— pone en jaque la narrativa de la Casa Gobierno.
Las pruebas en el iPhone de Novelli
El fiscal federal Eduardo Taiano había ordenado el secuestro de los dispositivos de Novelli, y fue el pasado 9 de enero cuando los peritos de la DATIP presentaron un dictamen confirmando el hallazgo. En los chats mantenidos entre Novelli y Davis, se encontraron múltiples copias del borrador del acuerdo.
El contenido de estos borradores coincide con una fecha crítica: el 30 de enero, día en que Milei recibió a Davis en la Casa Rosada. En aquella reunión también habrían participado figuras centrales del ecosistema $Libra como Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
Transferencias millonarias desde Balcarce 50
La investigación financiera aporta datos aún más comprometedores. Registros obtenidos por la Agencia Noticias Argentinas indican que:
- A la hora exacta del encuentro con el Presidente, Hayden Davis transfirió USD 499.999 a una billetera virtual.
- 42 minutos después de finalizada la reunión, se realizó un giro por una suma similar.
- En total, durante esa jornada, Davis movilizó USD 3,9 millones que terminaron en cuentas vinculadas a Novelli y Terrones Godoy.
Pedido de informes a Karina Milei
Ante la contundencia de los hallazgos informáticos, el fiscal Taiano envió el martes pasado un requerimiento formal a la Casa Rosada. El pedido solicita que se informe si el Estado tiene conocimiento o posee copias del mencionado «acuerdo confidencial».
La notificación recayó en la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, área que depende directamente de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La respuesta del Ejecutivo será determinante para definir si el Presidente pasa de ser un testigo de las visitas a ser investigado por una participación directa en el armado de lo que la justicia ya califica como una «criptoestafa».
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