La Reforma Laboral 2026 no es, según el informe presentado por la Dra. Erica Pérez, una simple actualización normativa. Se trata —sostiene— de una reconfiguración profunda del sistema laboral argentino que desplaza el eje histórico del Derecho del Trabajo, centrado en la protección frente a la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, hacia una lógica de “libertad de contratación” que, en la práctica, podría acentuar las asimetrías existentes.
El documento, elaborado desde una perspectiva jurídico-feminista y de derechos humanos, advierte que los cambios proyectados impactan de manera transversal sobre mujeres, personas LGBTI+, migrantes y trabajadoras de sectores altamente precarizados como plataformas digitales, casas particulares, servicios y trabajo rural.
Presunción laboral, tercerización y registro
Uno de los puntos centrales del análisis es la modificación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hoy presume la existencia de relación laboral cuando hay prestación de servicios bajo dependencia. La reforma elimina esa presunción si existen facturas o pagos bancarios, lo que —según el informe— facilita el encubrimiento de relaciones laborales bajo figuras “autónomas”.
La reducción de la responsabilidad solidaria en casos de tercerización también genera preocupación. Sectores como limpieza, hotelería, call centers y seguridad privada, donde predominan mujeres, podrían quedar más expuestos ante incumplimientos salariales si la empresa principal logra desligarse con mayor facilidad.
Además, el nuevo esquema de registro simplificado ante ARCA reduciría los controles estatales, en un contexto donde la informalidad femenina ronda el 35%, de acuerdo con datos oficiales.
Jornada, teletrabajo y banco de horas
El proyecto introduce el banco de horas sin tope anual, ampliando la flexibilidad horaria. Si bien puede presentarse como una herramienta de organización, el informe advierte que la imprevisibilidad afecta especialmente a mujeres, que continúan asumiendo mayoritariamente tareas de cuidado.
Otro punto sensible es la derogación de la Ley 27.555 de Teletrabajo, que hoy garantiza desconexión digital, reversibilidad y protección para personas con responsabilidades de cuidado. Para el equipo técnico, esto representa un retroceso significativo.
Licencias y despido por embarazo
Si bien la licencia por maternidad de 90 días se mantiene, se reduce la protección frente al despido por embarazo. El proyecto reemplaza la indemnización agravada y la presunción casi automática de discriminación por una figura general de despido discriminatorio con menor tutela y sin reinstalación obligatoria.
“Se debilita una herramienta central contra la discriminación estructural”, señala el informe, que advierte que la disminución del costo del despido puede incentivar la desvinculación de mujeres embarazadas o madres recientes.
Indemnizaciones y Fondo de Cese
La reforma establece un tope indemnizatorio equivalente a tres salarios promedio del convenio colectivo y habilita la creación de un Fondo de Cese Laboral. Para la Dra. Pérez, este esquema abarata el despido y elimina el efecto disuasivo que hoy funciona como freno frente a decisiones arbitrarias.
También se elimina la posibilidad de reinstalación en casos de despido discriminatorio, limitando la reparación a una compensación económica.
Plataformas digitales y empleo sin derechos
El proyecto declara obligatoriamente autónoma la relación en plataformas digitales. Esto implica que trabajadoras de apps —muchas de ellas migrantes o personas trans— quedarían sin acceso a ART, licencias, aportes jubilatorios ni protección frente a accidentes.
El informe sostiene que se consolida así un modelo de empleo sin derechos para colectivos que ya enfrentan exclusión estructural del mercado formal.
Una reforma con impacto estructural
En su síntesis final, el documento concluye que la Reforma Laboral 2026 implica regresiones masivas en estabilidad, protección sindical, licencias, salud laboral y seguridad social.
“El efecto final no es modernizar el derecho laboral, sino desarticular su función protectoria”, señala el informe, que advierte que los cambios profundizan desigualdades históricas de género, clase y diversidad.
La discusión legislativa recién comienza, pero el análisis anticipa un debate intenso en torno al alcance y las consecuencias sociales del proyecto.
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