Tal como lo anticipó el presidente Javier Milei, la administración central avanza firmemente en la planificación de nuevos recortes presupuestarios en todas las áreas de la administración pública. El principal ejecutor de esta política de Estado es Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, cuyo equipo comenzó a desplegarse activamente en diversas carteras nacionales.
Según datos obtenidos por la Agencia Noticias Argentinas, funcionarios bajo la órbita del ex titular del Banco Central visitaron distintas dependencias estatales en las últimas semanas con un objetivo claro: relevar la cantidad de personal disponible, auditar las funciones que cumplen y determinar si la dotación actual es indispensable o si las tareas pueden resolverse con menos recursos humanos.
La «motosierra» sigue encendida
De acuerdo con lo revelado por un ministro del Gabinete a esta agencia, la directiva transmitida por los emisarios de Sturzenegger en las oficinas públicas no deja margen de duda: la necesidad de continuar con los recortes de trabajadores estatales durante la segunda mitad del año es prioritaria para cada área.
Mientras los funcionarios de primera línea muestran optimismo y estiman que no habrá mayores dificultades para cumplir con las metas fiscales de ajuste, otros sectores dentro de la misma administración libertaria expresan reparos en voz baja y advierten que una nueva reducción drástica de personal podría generar severas complicaciones operativas en la gestión diaria de las áreas afectadas.
La reacción gremial: conflicto en puerta
La respuesta de los sindicatos que representan a los trabajadores públicos no se hizo esperar. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Rodolfo Aguiar, adelantó un escenario de alta conflictividad y visibilización de reclamos para el último tramo del año.
“No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”, advirtió Aguiar.
Asimismo, el dirigente lanzó un ultimátum respecto a la situación salarial: “Las paritarias se tienen que reabrir de manera inmediata y, si no sucede eso, los vamos a llenar de conflictividad en el Estado”.
Por su parte, desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, manifestaron una mirada profundamente negativa sobre el rumbo oficial, aunque evitaron precisar si evalúan una medida de fuerza gremial en el corto plazo.
“Vemos con mucha preocupación que este gobierno ha generado una política de ajuste muy fuerte, sobre todo en el Estado Nacional», señalaron desde UPCN a este medio, remarcando que las cesantías alcanzaron a empleados con más de una década de antigüedad y alta formación profesional. «Incluso atravesaron el examen que este gobierno realizó a todos los trabajadores, el cual fue aprobado por un 95%», recordaron.
Salarios a la baja y debate sobre el rol del Estado
Además del temor por la pérdida de puestos de trabajo, en UPCN expresaron su alerta por el deterioro del poder adquisitivo en el sector público: “Siguen echando gente y lo que más preocupa es que el nivel de los ingresos salariales están lamentablemente perdiendo capacidad remunerativa”.
Finalmente, desde el gremio fijaron su postura respecto al modelo de país en discusión, distanciándose del desmantelamiento de las estructuras públicas:
“Para el futuro creemos que el Estado debe ser una entidad que sirva con justicia social a la sociedad que, verdaderamente, se la está descuidando mucho actualmente. Esto tiene que cambiar porque el Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Por lo tanto, podemos hablar de eficientizarlo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable”.
Con información de NA

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