Un dictamen con cesiones para destrabar la sesión
El proyecto de ley elaborado bajo la órbita del Ministerio de Desregulación busca sentar nuevas bases para la protección dominial en la Argentina. Sin embargo, el camino parlamentario ha estado sembrado de cortocircuitos que obligaron al oficialismo a recalcular su estrategia.
Para garantizar la viabilidad del debate en el recinto, la bancada oficialista tuvo que dar marcha atrás con la reforma a la Ley de Tierras. El intento de eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de personas o corporaciones extranjeras generó una fuerte resistencia de los gobernadores provinciales y bloques dialoguistas, enfocado en los riesgos sobre recursos estratégicos como el agua y el litio. Ante la falta de votos, el dictamen definitivo retiró dicho capítulo para salvar el resto de la iniciativa.
De igual forma, la presión de la Iglesia y movimientos sociales derivó en la remoción de las cláusulas que habilitaban desalojos en los barrios populares del registro RENABAP, desactivando una controversia que amenazaba con escalar en conflicto social.
El eje de la disputa: desalojo exprés y manejo del fuego
Pese a los recortes, los capítulos que permanecen en discusión concentran los cruces más álgidos entre el oficialismo y la oposición:
- Procedimiento sumarísimo de desalojo: El proyecto habilita a los jueces a ordenar la restitución de inmuebles o terrenos usurpados de manera acelerada, además de acortar plazos ante incumplimientos contractuales. También incorpora la validez del domicilio electrónico para notificaciones judiciales. Desde el Gobierno sostienen que el mecanismo es indispensable para terminar con la «inseguridad jurídica» de los propietarios. Por el contrario, la oposición advierte sobre los riesgos de dejar desprotegidas a familias inquilinas vulnerables.
- Modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego: Se debaten reducciones a las restricciones sobre el cambio de uso de suelo en tierras afectadas por incendios. Sectores opositores denuncian que la medida flexibiliza los controles y promueve incendios intencionales con fines especulativos e inmobiliarios.
- Régimen de expropiaciones: La propuesta amplia el cálculo de las indemnizaciones estatales al incluir el lucro cesante del propietario. Críticos del texto señalan que esta reforma encarecerá de forma exorbitante la ejecución de obras públicas clave para las provincias.
Los cruces políticos en la jornada
Durante las intervenciones en el recinto, los legisladores de la oposición tildaron la ley de «hecha a medida de los grandes concentradores de capital», señalando que los mecanismos de desalojo atentan contra la contención social en momentos de crisis económica.
Por su parte, los representantes del oficialismo defendieron el espíritu del dictamen argumentando que la inviolabilidad de la propiedad es un mandato constitucional relegado durante décadas y que el desalojo exprés resulta una herramienta clave para incentivar las inversiones y la oferta de inmuebles en el mercado.

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