El conflicto por la tierra en el sur santiagueño ha vuelto a encender las alarmas tras conocerse presuntas maniobras especulativas en el paraje Las Abras. Según denunció Adolfo Farías, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MO.CA.SE.), existiría un intento urgente por vender una superficie de 20.000 hectáreas que pertenecen a comunidades indígenas, aprovechando el delicado estado de salud del cuestionado empresario español Fuentes Barrao.
El ocaso de un «pueblo desaparecido»
La historia de Las Abras es, según el relato campesino, la crónica de un despojo sistemático. Farías recordó que lo que hoy es monte y conflicto, supo ser un pueblo con escuela, destacamento policial y registro civil. «La llegada de Fuentes Barrao hizo desaparecer el pueblo. Desalojó familias y les mató más de 3.000 animales; se manejaba con hombres armados y perros, vinculándose en su momento con figuras del poder como Emilio Rached», remarcó el dirigente.
Hoy, ante la inminente muerte del terrateniente —quien según Farías habría desheredado a sus hijos—, han aparecido nuevos actores: un intermediario de apellido San Román y un encargado local, Diego Kemmel, quienes estarían apurando la venta de las tierras para evitar que los herederos retomen derechos o que las comunidades consoliden su posesión.
Bandas armadas y la «Justicia de Añatuya»
El conflicto no es nuevo, pero ha recrudecido. Farías recordó que el año pasado el empresario cordobés Cadamuro intentó un desalojo mediante el uso de una «banda armada», lo que terminó con la organización de las familias para resistir el ataque.
En este marco, la mirada del MO.CA.SE. se posa sobre el accionar judicial. Farías cuestionó duramente al Juez de Añatuya, Álvaro Mansilla, por ordenar desalojos preventivos en áreas donde las familias viven y producen.
- Sin demanda civil: «Todavía no tenemos ninguna demanda en lo civil, donde se debería discutir la posesión. Solo hay denuncias penales que usa la justicia para amedrentar», explicó Farías.
- Posesión legítima: Las comunidades aseguran ser poseedoras legítimas y exigen que, si el empresario se dice dueño, presente la demanda correspondiente para discutir los títulos.
La defensa del relevamiento indígena
El caso guarda similitudes con otros conflictos de tierras que han tomado relevancia nacional, como el que involucró a empresas vinculadas a la familia del actual presidente Javier Milei. Farías aclaró que las comunidades de la zona (parajes como 24 y 20) no reclaman «todo por capricho», sino lo que surge del relevamiento territorial de comunidades indígenas.
«Él dice que tiene 20.000 hectáreas, pero revisando sus supuestos títulos, no llegaría a las 6.000 si es que son válidos. La comunidad no niega la parte que le corresponde, pero la mayoría de esa tierra es territorio indígena y allí la lucha va a seguir», sentenció el referente campesino.
La situación es de extrema tensión en el departamento Mitre, donde las familias se mantienen en alerta permanente ante cualquier intento de ingreso de nuevos compradores o fuerzas de choque en un territorio que consideran ancestral y propio.
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