[Audio] Fuerte rechazo a cambios en pensiones por invalidez: advierten por recortes y exclusión

Desde Derechos Humanos de Santiago del Estero alertan que un proyecto nacional podría recortar derechos, endurecer requisitos y dejar a miles de personas con discapacidad fuera del sistema.

La secretaria de Derechos Humanos de Santiago del Estero, Daniela Águila, advirtió sobre el impacto que tienen las recientes medidas del Gobierno nacional en el sistema de pensiones por invalidez y expresó su preocupación por un nuevo proyecto de ley que, según sostuvo, podría agravar aún más la situación.

“Es una situación crítica la que viven las personas con discapacidad. El Gobierno nacional no deja de avanzar sobre sus derechos. No solo están en emergencia quienes dependen de estas pensiones, sino también quienes trabajan en el sector”, afirmó.

En ese marco, Águila cuestionó la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional que propone modificar el régimen vigente. Según explicó, el proyecto plantea derogar la ley de emergencia en discapacidad y redefine el sistema bajo el argumento de un supuesto “fraude” en las pensiones por invalidez.

“La iniciativa no solo habla de fraude, sino que modifica todo el esquema de prestaciones: cambia la normativa, los montos a percibir —que ya son muy bajos— y los mecanismos de actualización”, señaló. Además, consideró que varios puntos del proyecto podrían ser inconstitucionales y advirtió que podría tratarse de una maniobra para dilatar la implementación de la ley de emergencia.

Otro de los aspectos que genera preocupación es la propuesta de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. “Se pretende que las personas vuelvan a presentar toda la documentación médica y se evalúe nuevamente su situación económica y laboral”, explicó.

En esa línea, también alertó que el proyecto contempla la baja automática de la pensión en caso de que la persona con discapacidad acceda a un trabajo formal. “Se plantea un cruce de datos entre organismos como ARCA y ANSES para detectar inconsistencias, lo que podría derivar en suspensiones masivas”, indicó.

Finalmente, Águila advirtió sobre el posible impacto en el sistema de salud: “Si esto avanza, las obras sociales podrían fijar los valores que quieran, lo que terminaría afectando directamente a las personas con discapacidad”.

Desde el área de Derechos Humanos remarcaron que el debate recién comienza, pero insistieron en la necesidad de proteger derechos adquiridos y evitar retrocesos en materia de inclusión y cobertura.