El arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, fue denunciado por violencia de género por las monjas del Convento San Bernardo de Carmelitas Descalzas, junto a otros dos religiosos.
Se trata de una denuncia radicada la semana pasada ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la justicia salteña, que recayó en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, a cargo de María Carolina Cáceres Moreno, cuya carátula es «Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas contra Cargnello, Mario Antonio; De Elizalde Martín, por violencia de género”, aunque los denunciantes agregaron al cura Lucio Ajaya.
“Las situaciones de hostilidad, que se dieron desde 1999 hasta el lunes pasado, llevaron a que la madre superiora decidiera hacer esta denuncia, porque las carmelitas descalzas necesitan vivir sin violencia, cuidar su integridad física, que respeten sus creencias y la autonomía del monasterio”, expresó la abogada Claudia Zerda Lamas a FM Aries.
Para la abogada, el trato que reciben las monjas por parte de la máxima autoridad de la Iglesia Católica de Salta les genera un “enorme sufrimiento y daño desde hace muchos años”, prácticamente desde la llegada del actual arzobispo a Salta, momento en que se registra un cambio en el trato entre el convento y las autoridades eclesiásticas. Por ello consideró que la decisión de realizar la denuncia judicial responde a la necesidad de “asegurar que el trato del señor arzobispo sea en condiciones de dignidad y respeto”.
Zerda Lamas explicó que se trata de “agresiones verbales, otras que han ido un poquito más, amenazas”, tras lo que sostuvo que el solo hecho de “amenazar o soslayar la posibilidad que pueda ser intervenido el convento, sin razón por supuesto, y que pierdan su casa, su hábitat natural”, ya altera la vida de las monjas, que se rigen por las “reglas carmelitanas”.
La jueza resolvió de manera provisoria intimar a Cargnello, De Elizalde y a Ajaya a que se abstengan de ejercer actos de violencia; además se les prohibió el acercamiento a 300 metros del Convento San Bernardo, se ordenó una custodia policial y se fijó audiencia judicial para el 3 de mayo.
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