En una entrevista concedida a Radio Exclusiva, el abogado constitucionalista Santiago Nassif brindó detalles técnicos sobre el reciente fallo de la Cámara Nacional del Trabajo de Buenos Aires, que decidió suspender la medida cautelar que mantenía frenada la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional.
Según explicó el especialista, esta decisión revoca lo dispuesto previamente por el juez de primera instancia, el Dr. Ojeda, quien había suspendido la aplicación de 82 artículos de la mencionada ley por considerarlos una amenaza a los derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Un paso procesal, no un triunfo definitivo
Nassif fue enfático al aclarar que este movimiento judicial no debe interpretarse como una validación final de la reforma. «Lo que hizo la Cámara es revocar la medida cautelar, pero no se expidió sobre el fondo del asunto. El juicio de inconstitucionalidad de la ley continúa», señaló el letrado, desestimando que el Gobierno pueda adjudicarse un triunfo jurídico definitivo en esta instancia.
El abogado recordó que la normativa vigente «avanza sobre derechos de los trabajadores en forma avasallante» y comparó el escenario actual con la flexibilización laboral de la década del 90, aunque advirtió que el enfoque actual es «mucho más agresivo».
El camino hacia la Corte Suprema
Para el Dr. Nassif, el conflicto legal está lejos de terminar. El juez Ojeda deberá resolver ahora sobre la cuestión de fondo: si la ley es o no constitucional. «No tengo la menor duda de que la Corte Suprema va a declarar la inconstitucionalidad de esta ley, más tarde o más temprano», vaticinó, aunque reconoció que los tiempos de la justicia argentina suelen ser extensos y podrían pasar años antes de un fallo final.
Incertidumbre ante posibles despidos
Consultado sobre qué sucedería con los trabajadores que resulten despedidos bajo el amparo de esta ley mientras se resuelve su validez, Nassif se mostró cauteloso. Indicó que cada situación debe analizarse de forma puntual, pero no descartó que, en caso de una futura declaración de inconstitucionalidad, los empleados afectados puedan solicitar la restitución a sus puestos de trabajo o la revisión de sus indemnizaciones si se tratase de despidos injustificados.

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