El referente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, dialogó con Radio Exclusiva sobre el proyecto de ley de tierras y propiedad privada que será debatido en el Senado y aseguró que la iniciativa tiene como principal objetivo fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el derecho a la propiedad.
Durante la entrevista, Figueroa explicó que la normativa vinculada a la extranjerización de tierras tuvo su origen en la década de 1970, cuando existían conflictos limítrofes con países vecinos. En ese sentido, consideró que ese escenario cambió y planteó que la legislación podría revisarse para favorecer inversiones extranjeras destinadas a la producción.
Sin embargo, remarcó que el eje central del proyecto no pasa por la compra de tierras por parte de extranjeros, sino por reforzar la protección de la propiedad privada. «Ningún propietario rural en Santiago del Estero se siente cien por ciento dueño de su campo porque existe el temor permanente de las usurpaciones», sostuvo, al señalar que en la provincia incluso se registraron hechos de violencia vinculados a conflictos por tierras.
El dirigente afirmó que la iniciativa también contempla un procedimiento más ágil para los desalojos y una mayor coordinación con los registros provinciales de la propiedad para facilitar las transferencias de dominio. Según explicó, actualmente existen trabas administrativas que impiden inscribir inmuebles aun cuando el comprador ya adquirió legalmente la propiedad.
Consultado sobre los desalojos de inquilinos morosos, indicó que el proyecto establece un trámite abreviado para que el propietario pueda ejercer sus derechos con mayor rapidez. Además, cuestionó la legislación vigente al considerar que deja en una situación de vulnerabilidad a los dueños de los inmuebles.
Respecto del debate sobre la posible extranjerización de grandes extensiones de tierra y el control de recursos naturales, Figueroa rechazó esas interpretaciones. Aseguró que las restricciones sobre el dominio del subsuelo, el agua y otros recursos estratégicos ya están previstas en la legislación vigente y que el proyecto no modifica esas facultades del Estado.
Finalmente, también se refirió a la utilización de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles para sostener el superávit fiscal. En defensa del ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que «no existe delito» mientras no haya emisión monetaria ni endeudamiento para cubrir el déficit y afirmó que, a su criterio, no hubo un desvío ilegal de fondos, sino una reasignación de prioridades presupuestarias.
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