La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo y llamativo capítulo. Según reveló el periodista Sergio Farella, la fiscalía encontró en el teléfono celular del contratista Matías Tabar una factura que detalla un millonario gasto en ropa blanca: Adorni destinó la friolera de 8.183.303 pesos en sábanas de lujo durante el año 2025.
La compra se realizó en Rosen The Store, una empresa de origen chileno ampliamente conocida en el mercado por proveer sábanas para las suites presidenciales de hoteles de cinco estrellas en todo el continente. Los productos de esta firma, confeccionados con algodón egipcio o satén que van desde los 200 hasta líneas premium de 400 y 600 hilos, son considerados prácticamente indestructibles y no se arrugan. En el sector comercial, se los califica no solo como un artículo de descanso, sino como el pasaje de entrada a un estado de confort extremo, similar a una especie de «Nirvana» en posición horizontal.
La polémica se acrecienta al revisar los datos fiscales de la transacción, ya que la costosa compra no fue realizada a nombre del jefe de ministros, sino de Gisela Kocsis. Kocsis es una persona de extrema confianza de Adorni que actualmente se desempeña en la cartera de Medios y Comunicación tras haber sido designada por el propio funcionario. Cabe recordar que el entorno familiar del funcionario ya venía siendo observado, luego de que trascendiera que su esposa recibió 55 millones de pesos por parte de una empresa que compite por la concesión de Tecnópolis.
Peritajes sobre la ruta del Bitcoin
En paralelo al hallazgo de las sábanas de lujo, el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien instruye la causa, avanzó sobre las declaraciones patrimoniales del funcionario. Con el objetivo de verificar el origen de sus fondos, el fiscal solicitó un pormenorizado informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el requerimiento se exige el detalle de todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios financieros que hayan operado en la Argentina desde el año 2012.
De acuerdo con lo adelantado por Infobae, la intención de Pollicita es determinar con precisión qué entidades operaban en ese mercado tecnológico incipiente en aquellos años. La medida busca contrastar los registros oficiales con los dichos del jefe de Gabinete, quien aseguró haber incursionado en la compra de criptomonedas y haber invertido la suma de 200.000 dólares en Bitcoin un año después del inicio del período solicitado por la Justicia.
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