En un nuevo capítulo de la judicialización de la política educativa, el Gobierno de Javier Milei obtuvo un respiro clave. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario interpuesto por el Ejecutivo, lo que suspende de manera inmediata la medida cautelar que, desde marzo de 2026, obligaba al Estado a financiar la Ley de Financiamiento Universitario.
La noticia fue celebrada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien a través de sus redes sociales fue tajante: “La llamada ‘ley de financiamiento universitario’, impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está SUSPENDIDA”. Desde el oficialismo sostienen que el Decreto 759/25 sigue siendo la herramienta vigente para proteger las arcas públicas frente a una norma que, según su visión, no especifica el origen de los recursos.
Tensión parlamentaria y roces internos
Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza el fondo de la cuestión, el Gobierno busca mover sus fichas en el Congreso. La estrategia, orquestada por Santiago Caputo, apunta a acelerar el debate de una nueva Ley de Educación Superior que reemplace el marco actual. Sin embargo, este movimiento ha generado cortocircuitos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien prefiere dilatar el tratamiento ante la falta de una mayoría consolidada que asegure la sanción.
Intimación a rectores y conflicto gremial
En paralelo a la batalla judicial, el Ministerio de Capital Humano ha endurecido su postura frente a las autoridades académicas. La Subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a los rectores de las universidades nacionales a presentar informes detallados sobre las medidas adoptadas ante los paros docentes y no docentes, que en algunas instituciones han paralizado las clases durante semanas.
Desde el Gobierno calificaron de «inadmisible» la situación y exigieron planes de contingencia para garantizar el derecho a la educación, apuntando particularmente contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), a la que acusaron de intentar «apropiarse» del presupuesto de salud.
Por el contrario, la comunidad universitaria —integrada por gremios, alumnos y trabajadores— mantiene el estado de alerta. Denuncian que la situación es «inviable» debido a un atraso salarial crítico frente a la inflación y una escasez de recursos que pone en riesgo el funcionamiento básico de las casas de altos estudios en todo el país.
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