​Irán designa a un prófugo del caso AMIA como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria

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​En medio de una crisis institucional sin precedentes, el régimen iraní oficializó la designación del general de brigada Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). El nombramiento, informado por la agencia oficial Mehr, posiciona al frente de la fuerza de élite a un militar señalado por la Justicia argentina como uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA en 1994.

​La llegada de Vahidi al máximo escalafón de la Guardia Revolucionaria se produce para cubrir la acefalía forzada tras el fallecimiento del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, quien murió durante las recientes incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

​Un mando marcado por el terrorismo internacional

​Vahidi no es un desconocido para la comunidad internacional ni para los tribunales de Buenos Aires. Sobre el flamante comandante pesan alertas rojas de Interpol y pedidos de captura internacional vinculados a la voladura de la mutual judía, que dejó 85 muertos. Su ascenso reafirma la «línea dura» del organismo castrense en un momento donde Teherán busca mostrar fortaleza frente al asedio externo.

​Desarticulación de la cúpula de poder

​La reestructuración del mando militar surge como una respuesta de emergencia ante la pérdida de las figuras más influyentes del poder en Irán. El régimen confirmó que, además de la muerte de su Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei, los ataques diezmaron la estructura de defensa nacional. Entre las bajas ratificadas se encuentran:

• ​Abdorrahim Musaví: Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
• ​Aziz Nasirzadeh: Ministro de Defensa.
• ​Ali Shamjani: Secretario del Consejo de Defensa.

​En este escenario de extrema fragilidad institucional, la elección de un hombre con el perfil de Vahidi —acusado de terrorismo internacional— envía una señal de desafío global. Mientras Irán intenta reorganizar sus fuerzas tras los bombardeos, la designación reaviva el reclamo de justicia de Argentina, que mantiene vigente la persecución judicial contra el ahora máximo jefe de la Guardia Revolucionaria.