El Gobierno de Bolivia rechazó este miércoles un informe de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el país, que denunció supuestas irregularidades en el proceso judicial contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, y exigió que se respete “la soberanía” de las naciones.
“Bolivia hace un llamado a respetar la soberanía de los países y la autodeterminación de cada uno de ellos”, expresó un comunicado de la Cancillería, citado por la estatal agencia ABI y el diario Página Siete.
El texto cuestiona además “categóricamente la intromisión de terceros países, así como el Informe unilateral sobre derechos humanos, recientemente emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que realiza inferencias sin fundamento y emite juicios de valor inapropiados” sobre el proceso a Áñez.
El martes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó sus Informes Nacionales sobre Prácticas de Derechos Humanos, en el que advirtió que el gobierno del presidente Luis Arce dirigió el proceso contra la exmandataria y otras exautoridades y presuntamente ejerció “presión” sobre los jueces que llevan adelante los casos.
La cancillería boliviana “reafirma que los procesos judiciales por los hechos de fines de 2019 se llevan adelante por las autoridades de justicia, en el marco del principio de independencia de órganos del Estado”, afirma el comunicado.
Denuncia el ministerio que “es mínimamente cuestionable que los ‘informes’ unilaterales de Estados Unidos pretendan estar por encima de otros Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas, siendo que Estados Unidos ni siquiera es signatario de los Tratados de Derechos Humanos fundamentales, como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares”.
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En el documento, Bolivia enfatizó que “como miembro activo del Sistema Universal de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, mantiene “excelentes relaciones con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En este sentido, Bolivia “responde sobre sus compromisos y responsabilidades con los derechos ante estas instancias multilaterales, a través de sus comités y mecanismos designados para su seguimiento”, expresó el texto.
Áñez está siendo juzgada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución en la causa llamada “golpe de Estado II”, tiene abierta otra causa, la del “golpe de Estado I” por presunto terrorismo, conspiración y sedición, y es investigada además por dos masacres cometidas durante su gestión frente a protestas en las rutas.
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