La situación prestacional en el área de discapacidad ha alcanzado un punto crítico en Santiago del Estero. En diálogo con la Radio Exclusiva, el Dr. Mario Ferreira, integrante de ENDISE (Entidades de Discapacidad de Santiago del Estero) y del Foro de Prestadores, trazó un panorama alarmante que afecta no solo a las instituciones, sino directamente a la calidad de vida de los pacientes más vulnerables.
Según explicó Ferreira tras participar en una reunión del Consejo Federal, la problemática se extiende a todo el Norte Grande y el país. El eje del conflicto radica en el programa federal Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas, el cual presenta severas irregularidades: «Primero están los pacientes; no está habiendo pañales ni entrega de medicamentos básicos», señaló el profesional, remarcando que la falta de cobertura impide la continuidad de terapias vitales.
Deuda histórica y fuga de profesionales
Uno de los datos más preocupantes revelados por el referente de ENDISE es la interrupción en la cadena de pagos. Instituciones y transportistas de Santiago del Estero no perciben sus haberes desde octubre del año pasado, una situación que se torna insostenible frente a la inflación y los costos operativos de los centros de día y centros educativos terapéuticos.
»Hay profesionales que se especializaron en discapacidad y hoy están buscando otras alternativas laborales porque no hay forma de revertir esta dilación en la bajada de fondos desde Nación», advirtió Ferreira. Esta «fuga» de especialistas pone en riesgo años de trabajo interdisciplinario en la provincia.
El impacto de la reestructuración nacional
La incertidumbre se profundizó con la reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que fue reemplazada por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Cenadis). Este cambio administrativo ha generado un bache en la identificación de los organismos responsables de liberar los pagos, mientras la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue sin cumplirse pese a contar con dictámenes previos.
Ante este escenario, las entidades locales se mantienen en estado de alerta, aguardando respuestas concretas que eviten el cese definitivo de actividades en los centros que asisten a cientos de santiagueños.

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